“No quiero nada para mí que no sea para todos” Jodorowsky Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se empezó a generar condiciones para el desastre neoliberal. Faltaron reformas de gran “calado”, como les dio gusto decir a los tecnócratas. Eso sí, fue un gobierno de contención de las demandas agrarias, sindicales y de fumar la pipa de la paz con los empresarios.

De falsa moralización y fingido combate a la corrupción, de perseverante estigmatización de la inversión pública. De empoderamiento de los cuadros tecnocráticos y la siembra de su núcleo ideológico: los derechos de propiedad primero. Con la desfachatez de seguirse proclamando dentro del nacionalismo revolucionario. Se comenzó a romper los equilibrios, más no efectivos o no plenamente realizados, con los derechos laborales, a la educación y la salud. Los derechos de propiedad se convirtieron en el centro y guía de la conducción del país, sin advertir que serviría de eficaz encubrimiento de la corrupción, el tráfico de influencias, despojos, desfalcos fiscales, formación de empresas fachadas. Nada que ver con un idílico libre comercio. En una alianza entre empresarios y políticos, representada en la metáfora de la puerta giratoria. Los sucesores del presidente gris se encargaron de hacer los cambios jurídicos para institucionalizar la corrupción, legalizar el robo. Así, de manera sostenida, los gobiernos neoliberales se brindaron continuidad antes que rupturas. Se puede sugerir que el pleito entre Zedillo y Salinas fue más una simulación distractora que una confrontación de políticas. Fue el de Agualeguas el que, con el apoyo del Congreso, instituyó en la ley, el Fondo para atender la eventualidad de insolvencias de la banca reprivatizada por él. Fue el Burro Blanco, el que, de manera despiadada, operó el FOBAPROA (IPAB) para hacer deuda pública la quiebra de los bancos privados. Algo semejante se puede decir de la alternancia, el cambio de partido político en la titularidad del Poder Ejecutivo. Más que nada, se trató de la instauración del “turnopartido” para darle continuidad a un mismo proyecto centrado en el proyecto en el derecho de la propiedad privada y las distorsiones mencionadas en el párrafo anterior. Dotarlo de legitimidad electoral. Repito. Los cambios jurídicos se orientaron a la apropiación de riqueza en pocas manos y al despojo de la mayoría de la población, de sus bienes y derechos. Para clarificar, pondré la vinculación privatizadora de una reforma estructural y la respuesta de resistencia de un núcleo de población. La reforma al artículo 27 constitucional impulsada por Salinas de Gortari le quitó el carácter inalienable a la propiedad ejidal. Estatuyó un procedimiento, la certificación de derechos ejidales como la llave para abrir al mercado las parcelas ejidales; Ernesto Zedillo se esmeró en avanzar el programa de certificación hasta concluirlo. No por ello los campesinos se pusieron a vender sus tierras, por el contrario, se hicieron más conscientes de cuidar su patrimonio; Vicente Fox, en alianza con el gobernador mexiquense Arturo Montiel, se montó en esta reforma estructural para promover la primera versión del aeropuerto en Texcoco sobre los terrenos ejidales de San Salvador Atenco. Les ofrecieron una bicoca a los ejidatarios. Éstos se dieron cuenta de que se trataba de un potencial despojo e iniciaron una movilización que hizo naufragar el proyecto foxiano. Con el cambio de gobierno en el Estado de México, todavía dentro del sexenio de Fox, Enrique Peña Nieto -en complicidad con Fox erizo- reprimió a los ejidatarios de Atenco, en venganza por haber frustrado ese proyecto aeroportuario. Peña Nieto hizo una segunda versión de construcción del aeropuerto internacional de la CDMX, secando uno de los remanentes del antiguo Lago de Texcoco. Ya se sabe como acabó ese segundo proyecto, desbarrancado por un nuevo gobierno y una consulta popular; para cerrar sobre las consecuencias depredadoras de la reforma al 27 constitucional, durante el gobierno de Felipe Calderón se concesionaron miles de hectáreas para fundar explotaciones mineras. Otra vertiente del saqueo neoliberal, aplaudida por mineras canadienses y empresarios como Alberto Bailléres y Germán Larrea. Por todo esto, la consulta del primero de agosto es ocasión para darle un tercer mazazo cívico a los políticos y funcionarios que hicieron de las reformas estructurales una palanca para su propio enriquecimiento. Cuando se tiene claro que la política y el servicio público sólo tienen como fin superior el bien de los ciudadanos. En mi humilde opinión, seguramente se imponga el SI, pero el No fue obsequiado por la Corte. Es decir los malos seguirán en la maldad y dueños del poder. Lo afirman los abogados de los presidentes. Uno ellos Juan Velásquez lo apodan, contra su voluntad, el abogado del diablo, pues nunca ha perdido un caso. Entre los clientes a los que ha defendido se encuentran Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari. En la infancia del abogado Juan Velásquez no hubo muchos juegos. Salud y larga vida Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH @profesor_F