Con la reciente apertura de la librería “Enrique Servín”, inaugurada póstumamente en la Plaza Cultural Los Laureles de la ciudad de Chihuahua, el gobierno corralista seguramente calcule que ya lanzó un mensaje de resarcimiento a la sociedad por el crimen del escritor y poeta asesinado en octubre de 2019.

Pero no es así. No en otros territorios, digamos del tipo legal, como los que se consideran dentro de una “reparación del daño”, porque la Fiscalía que encabeza César Peniche nunca ha arrojado luz sobre las circunstancias verisímiles del asesinato, ni mucho menos de la captura de el o los presuntos responsables. Es un crimen que todavía duele y afecta, no solo a sus más cercanos parientes y amigos, o al círculo que construyó en torno a su desempeño como funcionario de la Secretaría de Cultura, sino a la sociedad toda. Es una exigencia de orden e interés público, y también porque Enrique Servín no sólo pertenecía como vecino y ciudadano a esta comunidad, sino además porque su legado, su palabra, nos importa y nos pertenece, como diría Octavio Paz. Pero la enmienda que la semana pasada representó el gobierno de Corral, dentro de la cual no se desdeña, en ningún modo, la inauguración misma de la librería en honor de Servín, que en realidad se merecía en vida, dista mucho de significar una especie de justicia poética, al menos no en términos de lo que históricamente se entiende en la literatura desde hace siglos casi como un efecto de causa y efecto, o un “karma instantáneo” del propuesto por Lennon, si atendemos una versión de corte más popular. Y no ha sido así porque, simple y sencillamente, los chihuahuenses desconocemos si la maldad ejecutada por una o varias personas en contra de nuestro poeta local haya recibido el castigo merecido, por segundos o terceros, o hasta por alguna causa de la naturaleza, según la premisa de lo que en palabras coloquiales podría interpretarse como “una cucharada de su propio chocolate”. Lo deseable es que, como ha dicho este gobierno, sin cumplirlo a cabalidad, quien la haga la pague, lo que implica la intervención de las autoridades y las leyes. Pero eso, en la realidad corralista de hoy, no ha ocurrido en el caso Servín.