Las investigaciones reportadas por Los Angeles Times contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya,

ampliaron una lista de funcionarios mexicanos que han perdido sus visas estadounidenses o han sido vinculados a investigaciones en Estados Unidos.

Entre los nombres aparecen gobernadores, presidentes municipales, legisladores, magistrados y funcionarios federales, algunos relacionados con presuntos delitos y otros cuyos casos continúan sin explicación pública por parte de las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la publicación estadounidense, ambos mandatarios forman parte de una estrategia enfocada en investigar no sólo a organizaciones criminales, sino también a funcionarios sospechosos de colaborar con ellas. El reporte sostiene que las visas de Durazo y Villarreal habrían sido revocadas mientras continúan las indagatorias. Aunque los dos funcionarios lo niegan.

De gobernadores a funcionarios federales
Las versiones sobre Durazo y Villarreal surgieron semanas después de que autoridades estadounidenses anunciaran acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios presuntamente relacionados con actividades del narcotráfico.
Uno de los casos más recientes es el de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien se desempeñaba como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

De acuerdo con la información disponible, en diciembre del año pasado, autoridades estadounidenses lo señalaron por el delito de huachicol. Además, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que durante nueve años adquirió cinco relojes de lujo, cuyo valor conjunto ronda los 8 millones de pesos, una cifra que, según la organización, no coincide con sus ingresos.
Tras conocerse la revocación de su visa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el 16 de diciembre su separación del cargo. Se convirtió así en el primer funcionario federal de alto nivel vinculado a la administración federal en perder el documento migratorio estadounidense.

Reuters, por su parte, reportó en octubre de 2025 que al menos 50 políticos mexicanos habían perdido sus visas. Con la incorporación de casos posteriores, la cifra continuó aumentando, aunque las autoridades estadounidenses no han difundido un listado oficial completo.

Baja California concentra varios de los casos más conocidos
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó el 10 de mayo de 2025 que Estados Unidos había revocado tanto su visa como la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

La mandataria aseguró desconocer las razones de la decisión. “Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona”, declaró.

Posteriormente, informó que inició el proceso para intentar recuperar el documento, mientras que el caso de Carlos Torres avanzó por una ruta distinta. El exdiputado estatal y federal, quien mantenía cargos honorarios en el Ayuntamiento de Tijuana y en el Poder Ejecutivo estatal, anunció la pérdida de su visa y renunció a sus funciones públicas.

Según la información proporcionada, es investigado por autoridades mexicanas y estadounidenses por presunta evasión fiscal, lavado de dinero y huachicoleo.

La entidad también registra otros casos. Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, fue informada sobre la cancelación de su visa cuando su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, intentó ingresar a California y fue sometido a una revisión migratoria.

Guerrero Delgado, funcionario de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California, también perdió el documento.

La alcaldesa señaló públicamente que las autoridades estadounidenses retuvieron la visa de su esposo “sin motivo alguno o aviso previo”.

Alcaldes que conocieron la decisión al intentar cruzar la frontera
Varios presidentes municipales descubrieron la cancelación de sus visas cuando intentaban ingresar a Estados Unidos.

José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, se dirigía a San Bernardino para participar en un evento oficial cuando fue retenido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza. Permaneció casi 24 horas bajo revisión antes de regresar a Mexicali y confirmar que su visa había sido revocada. El funcionario aseguró que no recibió ninguna explicación oficial sobre las causas.

En Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, se enteró de la medida cuando intentó cruzar junto con su esposa e hijos por la garita de Lukeville, que conecta con Arizona.

Las autoridades estadounidenses tampoco explicaron públicamente la decisión. Versiones posteriores relacionaron el caso con una investigación en curso, aunque el funcionario evitó confirmar la cancelación y aseguró que en varias ocasiones anteriores habían circulado versiones similares.

Otro caso corresponde a Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora. El político confirmó la revocación de su visa durante los primeros días de agosto y sostuvo que se trataba de un asunto administrativo.

“Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido”, afirmó.

Exgobernadores y legisladores también aparecen en la relación
Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, informó que recibió la notificación de cancelación de su visa el 31 de julio.

En entrevista con medios nacionales, aseguró que no ha recibido una explicación oficial sobre las razones de la medida, aunque relacionó temporalmente la decisión con declaraciones realizadas 10 días antes respecto a los aranceles al jitomate impulsados por Estados Unidos.

“Asumo, sin que esto sea una aseveración absoluta, que esas declaraciones pudieron haber incomodado y que pueden ser el origen de que, 10 días después, me llegara el correo electrónico donde se cancelaba mi visa”, declaró.

Astudillo rechazó además las acusaciones que lo vinculan con presuntos nexos criminales y anunció que inició un nuevo trámite para recuperar el documento.

En septiembre de 2025 se conoció también el caso de Mario Alberto López Hernández, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México.

El legislador fue retenido hasta 12 horas por agentes aduanales en el cruce entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas. Posteriormente fue liberado, pero sin su visa.

Las autoridades estadounidenses no informaron públicamente las causas de la medida.

Magistrados y funcionarios estatales
Entre los integrantes del Poder Judicial figura Hernán José Vega Burgos, magistrado local en Yucatán. Estados Unidos canceló su visa en febrero. Durante el proceso para integrar el Poder Judicial, fue señalado por presuntos vínculos con una red de explotación sexual cuando se desempeñó como delegado estatal del Instituto Nacional de Migración.

La relación también incluye a Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria del Gobierno de Coahuila, y a su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, coordinador regional de la Policía Especializada estatal.

La funcionaria relató que la medida se produjo cuando intentó cruzar la frontera para asistir a una cita médica en San Antonio.

Según su versión, la decisión pudo estar relacionada con nuevas políticas migratorias y con la posibilidad de que su hijo naciera en territorio estadounidense. “Mi conclusión creo que es el embarazo”, declaró.

Los casos vinculados a publicaciones en redes sociales
La lista también incorpora a Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco. De acuerdo con la información difundida, fue sancionada después de publicar mensajes en redes sociales celebrando actos violentos.

El subsecretario Christopher Landau afirmó que quienes promueven la violencia “no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Otro nombre mencionado en reportes públicos es el de Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros.

Aunque negó haber sido detenido, medios locales reportaron la cancelación de su visa tras versiones que lo relacionaban con un empresario arrestado por narcotráfico.