El presidente Trump emitió una orden ejecutiva destinada a delimitar medidas para restringir el acceso de los migrantes no documentados al sistema financiero de Estados Unidos, incluido el uso de servicios de envío de remesas y medios de pago digitales.

De los 12.6 millones de personas nacidas en México que radican en Estados Unidos, alrededor de 8.1 millones tienen ciudadanía o residencia en ese país. Además, hay 29 millones de mexicanos de segunda y tercera generación que también envían remesas, lo que implica que el universo de quienes envían remesas y que podrían verse afectados por la medida actual es limitado.

? Adicionalmente, muchos hogares mexicanos en Estados Unidos tienen una condición migratoria mixta. En este contexto, los migrantes no documentados podrían apoyarse en familiares o conocidos con ciudadanía o residencia permanente para continuar realizando envíos de remesas.

? La orden ejecutiva busca también limitar la aceptación de la matrícula consular mexicana para la apertura y el uso de servicios y productos financieros, tanto en sucursales bancarias como en establecimientos de envío de remesas y plataformas en línea. En consecuencia, los migrantes indocumentados tendrían que recurrir a la obtención de un pasaporte para continuar utilizando estos servicios, lo que implicaría mayores costos y menor practicidad.

? No se han visto efectos evidentes del impuesto del 1% a las remesas en efectivo que se mandan desde Estados Unidos. Pese a que entró en vigor el impuesto desde el 1° de enero de 2026, en el primer trimestre de 2026 llegaron a México 14,457 millones de dólares por remesas, +1.4% más que en el mismo periodo de 2025. Esto, pensamos, se debe en parte a lo ya mencionado: los migrantes indocumentados tienen fuentes alternas para enviar recursos, entre ellas que familiares documentados realicen los envíos.

? Hacia adelante, será clave monitorear las disposiciones que emita el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la forma en que el sistema financiero implemente estas medidas, ante las presiones de la administración Trump para restringir el acceso de los migrantes no documentados a servicios financieros. Es posible que las medidas se modifiquen a petición de las instituciones financieras estadounidenses, ya que estas pueden generar incentivos para que los migrantes utilicen canales fuera del sistema financiero para realizar sus actividades financieras, lo cual implicaría no solamente una pérdida de negocio, sino también una menor trazabilidad.

Este 19 de mayo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos” (Restoring Integrity to America’s Financial System), la cual busca limitar que migrantes no documentados en Estados Unidos tengan acceso al sistema financiero en aquel país.

Estas restricciones consideran tanto la posibilidad de abrir cuentas bancarias, realizar transferencias al exterior, acceder a servicios financieros y, en general, operar económicamente en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular. La orden ejecutiva plantea el concepto de integridad financiera como una extensión de la actual política migratoria y de seguridad fronteriza al vincular la verificación de identidad con la situación migratoria de las personas, argumentando que actualmente no se aplican controles lo suficientemente estrictos. En particular, se instruye al Secretario del Tesoro a:

Emitir una advertencia formal dentro de 60 días dirigida a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con el uso del sistema financiero estadounidense por parte de trabajadores no documentados y sus empleadores.
En conjunto con los organismos reguladores del sistema financiero de Estados Unidos[1], proponer en un plazo de 90 días cambios sobre la Ley del Secreto Bancario, con el fin de fortalecer los requisitos de debida diligencia, tales como identificación de clientes y beneficiarios, sus actividades, y de ser necesario, solicitar información adicional que permita conocer su estatus migratorio.
Además, en conjunto con los organismos reguladores, considerar cambios dentro de 180 días, también en la Ley del Secreto Bancario, para que se endurezcan los requisitos de identificación de clientes, en miras de limitar el uso de matrículas consulares emitidas por terceros países para que los clientes participen en el sistema financiero.
Adicionalmente, se mandata a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y a los organismos reguladores para que se pronuncien y emitan directivas sobre los riesgos de impago que pueden presentarse cuando un cliente no documentado pide un préstamo pero después deja de percibir un salario o es deportado, además de que las instituciones financieras podrían usar estos criterios en sus evaluaciones individuales de crédito.

Las implicaciones de estas medidas serían menores de lo inicialmente previstas, pero sus efectos sobre la población migrante no pasarán desapercibidos
Aunque la orden emitida por el presidente Trump no menciona explícitamente a las remesas, sí hace mención al término Transferencias de fondos transfronterizos de bajo valor (low-dollar cross-border funds transfers), ello también en referencia a extranjeros inadmisibles y sujetos a expulsión (inadmissible and removable alien population).

Sin embargo, debe destacarse también que, aunque el texto de este decreto cuenta con una clara retórica anti-inmigrante, su contenido apunta a una flexibilización posiblemente impulsada por el propio sector bancario estadounidense, ya que en todos los casos dirige a las entidades reguladoras a emitir directrices y recomendaciones para que las instituciones financieras las lleven a cabo. Sin embargo, es posible que también con este precedente se endurezcan las medidas que limiten el acceso de población no documentada a servicios financieros, ello en respuesta también a las presiones de la Casa Blanca.

Ello a su vez puede tener efectos contraproducentes, ya que si bien es fundamental prevenir que mediante envíos de dinero al exterior se financien actividades ilícitas, las personas migrantes podrían considerar formas fuera del sistema financiero para el envío de recursos, haciendo mucho menos trazable tanto su origen como su destino.

Otro punto a tener en cuenta es el de las matrículas consulares, que países como México emiten como documento probatorio de identidad de sus nacionales en el exterior, independientemente de su estatus migratorio en el país de destino, permitiéndoles por ejemplo la apertura de cuentas bancarias en países como Estados Unidos, además de que tienen un menor costo y tamaño que los pasaportes. Sin embargo, a pesar de que las matrículas consulares son un instrumento legal respaldado por el derecho internacional, esta orden ejecutiva si bien no prohíbe su uso, sí menciona explícitamente que son un riesgo para la integridad del sistema financiero estadounidense.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en 2022 más de 566,000 mexicanos en Estados Unidos contaban con este documento, con siete entidades de origen concentrando poco más de la mitad, siendo en orden descendente: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz.
No se anticipan afectaciones relevantes en el flujo de remesas a México: los migrantes no documentados podrían solicitar el apoyo de familiares y conocidos para el envío de remesas
Se estima que en 2025 residirán 12.6 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. De ellos, 8.1 millones cuentan ya con ciudadanía estadounidense o residencia permanente; este segundo grupo también envía remesas a México y no se vería afectado por la actual orden ejecutiva. Los 4.5 millones restantes corresponden a migrantes mexicanos indocumentados, quienes sí podrían enfrentar algún impacto derivado del decreto presidencial.

No obstante, una gran proporción de los hogares mexicanos en Estados Unidos presenta una condición migratoria mixta. Es decir, personas no documentadas conviven con familiares que cuentan con ciudadanía estadounidense y/o residencia permanente, así como con menores nacidos en Estados Unidos. Por ello, en muchos casos, una persona sin documentos podría apoyarse en algún familiar o conocido para realizar el envío de remesas.

Sobre los impactos en México, será necesario observar su evolución en los próximos meses, en particular para los principales estados expulsores de migrantes. Como puede observarse en la siguiente gráfica, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Zacatecas tienen niveles de dependencia cercanos e incluso mayores al 10% de su PIB estatal, con Guerrero y Chiapas en niveles de prácticamente el 14%, frente al promedio nacional que es de 3.4% en 2025.