"El alcance es marginal": campesinos critican nuevo programa de precio del maíz de Sheinbaum

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas señaló que con esta propuesta, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural busca evadir su responsabilidad para establecer un precio de garantía.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) calificó este miércoles como una “política absurda” el nuevo programa Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco “Precio Justo”, impulsado por el gobierno mexicano, al advertir que sus alcances son marginales y que dejará fuera a millones de productores del grano básico en el país.

En un comunicado, el secretario general de la organización campesina, Álvaro López Ríos, acusó al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de evadir su responsabilidad para establecer un precio de garantía para el maíz blanco y dejar la definición de precios en manos de acopiadores y compradores.

“El Programa Precio Justo es una evasión de responsabilidad para fijar el precio de garantía de esta gramínea y mantiene abiertas las puertas a los acopiadores”, sostuvo el dirigente, quien consideró que la medida condena a los agricultores al “exilio productivo del campo”.

Las críticas surgen días después de que el gobierno de México firmara en el Palacio Nacional un acuerdo con productores, comercializadores e industriales para ordenar el mercado del maíz blanco, garantizar precios considerados justos y privilegiar la compra de producción nacional frente a las importaciones, en medio de preocupaciones sobre un eventual aumento en el precio de la tortilla.


El acuerdo, denominado Sistema de Ordenamiento para el Maíz Blanco, fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de Agricultura, Columba Jazmín López, quienes defendieron el mecanismo como una vía para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y mejorar la rentabilidad de pequeños y medianos productores.

Según explicó el Gobierno, el esquema contempla compras anticipadas mediante contratos voluntarios entre productores, comercializadores e industriales, con la participación de unas 80 empresas nacionales y extranjeras del sector. Además, las empresas compradoras se comprometieron a privilegiar el consumo de maíz blanco mexicano antes de recurrir a importaciones.

Sin embargo, López Ríos sostuvo que la cobertura del programa es insuficiente frente a la dimensión del sector agrícola nacional.

De acuerdo con el dirigente, en México existen alrededor de 2.5 millones de pequeños y medianos productores, mientras que las acciones específicas del programa para el ciclo agrícola actual estarían enfocadas únicamente en unos 61.000 agricultores.

“Se manipula con el discurso de una buena voluntad para que acopiadores y compradores acuerden un precio justo de comercialización de cosecha”, reprochó.

El líder campesino alertó además sobre el deterioro de la producción nacional de maíz blanco, afectada por la sequía y la reducción de superficies cultivables. Solo en el Estado de México, afirmó, se han perdido al menos 15 mil hectáreas dedicadas al grano.

También advirtió sobre una creciente dependencia alimentaria. Según sus cifras, México pasó de importar el 46% de los alimentos en 2018 a cerca del 75% en la actualidad, mientras que entre enero y abril de 2026 las importaciones de maíz blanco y amarillo superaron los cuatro millones de toneladas, un récord histórico.

El debate ocurre además en un contexto de tensiones con productores agrícolas, incluidos agricultores de Sinaloa, quienes recientemente protestaron en Ciudad de México para exigir apoyos y mejores condiciones de comercialización del maíz.