El Gobierno de México informó que concluyó el proceso de reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento en la Línea Z del Tren Interoceánico, ocurrido a la altura de Salina Cruz, Oaxaca

tras casi cuatro meses de acciones y con la investigación del caso también cerrada por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con autoridades federales, el proceso incluyó atención médica especializada, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica e integración de expedientes, con el objetivo de garantizar una reparación completa para las personas afectadas y sus familias.

Apoyos económicos, seguro y atención a víctimas
En una primera etapa, las víctimas recibieron un apoyo económico de 30 mil pesos para cubrir gastos emergentes tras el accidente, con el fin de evitar que las familias asumieran costos inmediatos.

Posteriormente, el esquema de reparación contempló la activación del seguro del tren, con coberturas de hasta 386 mil pesos por fallecimiento y 416 mil pesos por invalidez, además de la cobertura de gastos médicos y funerarios.
La reparación integral fue coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo un enfoque que incluyó no sólo la compensación económica, sino también la atención a daño físico, moral y afectaciones a la vida de las víctimas.

Cobertura total y atención personalizada
Según el comunicado, se desplegaron 236 servidores públicos para brindar atención directa en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, lo que permitió que el 100% de las personas que iniciaron el proceso fueran atendidas.
Las autoridades señalaron que los montos específicos de indemnización no se harán públicos por solicitud de las propias víctimas, aunque aseguraron que cumplen con estándares nacionales e internacionales en materia de reparación del daño.

Cierre del proceso tras accidente en Línea Z
El accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico activó un operativo interinstitucional en el que participaron dependencias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Marina y autoridades de Oaxaca.

De acuerdo con el Gobierno federal, el proceso no se limitó a la compensación económica, sino que incluyó atención médica continua y apoyo psicológico, como parte del acompañamiento a las víctimas.