Demandan 70 mujeres a médico por violencia ginecobstétrica

Durante más de 20 años el ginecólogo Jesús Estuardo Luján Irastorza vendió su “parto humanizado”, prometiendo un trato digno a sus pacientes, pero con el tiempo surgieron decenas de víctimas de sus malas prácticas, negligencia y violencia ginecobstétrica.

Muchos bebés murieron antes de nacer, otros padecieron sufrimiento fetal, muerte cerebral o enfermedades no diagnosticadas y secuelas físicas.

Sin embargo, las madres que habían sido víctimas de partos inducidos sin su consentimiento, de cesáreas de emergencia, de tratamientos costosos por supuesta infertilidad y de terapias intensivas por falta de atención oportuna, se fueron encontrando en el camino.

Así nació Con Ovarios, colectivo que representa a 70 de esas pacientes de Luján Irastroza, quienes fueron interponiendo denuncias penales contra él. En 2023, finalmente, autoridades suspendieron su principal centro de operaciones, la clínica Pronatal, donde también se atendían fertilidad y reproducción asistida.

Con argucias legales, Luján evadió la acción de la justicia mediante falsos justificantes médicos para no atender las citas, y en 2024 huyó a Estados Unidos, de donde fue deportado. Autoridades mexicanas lo detuvieron el 12 de diciembre de 2025 y fue ingresado al Reclusorio Sur, donde permanece en prisión preventiva.

“Nunca creí que Luján fuera a caer, ni que iba a estar preso y con posibilidades de ser sentenciado”, afirma Lola Sosa Valdez, una de las denunciantes, cuyo hijo murió después de un parto mal manejado y quien, junto con otras madres, impulsó la agrupación Con Ovarios.

Asegura: “Nos unimos para buscar la forma de legislar el delito de violencia ginecobstétrica. Se han movido cosas en el Congreso, con los diputados y el Senado. Ya no pensamos en nosotras, sino en las que vienen”.

No al comercio de vientres

Las víctimas de Luján Irastroza luchan para que los vientres de las mujeres no sean utilizados como mercancía por hombres médicos sin escrúpulos que ganan millones de pesos.

Carlos, el amado y esperado hijo de Lola, tendría ahora 18 años. Su llegada al mundo estuvo marcada por malas decisiones de Luján, como la aplicación de la maniobra de Kristeller, presión manual en el fondo uterino durante la contracción en la fase de explusión del bebé, supuestamente para acelerar el parto, algo que está prohibido en muchos lugares por los graves riesgos que implica; además, está considerada violencia obstétrica cuando se practica sin consentimiento de la madre.

“Cuatro horas después de iniciar el trabajo de parto, Luján no llegaba, hasta que por fin apareció. Mi bebé ya estaba encajadísimo, ya no había posibilidad de hacer una cesárea. Me hizo sentar en una silla de expulsión. Entre él y su asistente comenzaron a empujar mi panza hacia abajo; luego me enteré de que se trataba de la maniobra de Kristeller con repetidos empujones y maniobras. En ese momento escuché un tronido que no era de mi cuerpo y sentí que pasó algo con el cuello de mi bebé. Empecé a temer también por mi vida, no sólo por la de él.”

Cuenta que luego le hicieron una episiotomía –incisión quirúrgica entre la vagina y el ano– para finalmete lograr que expulsara al bebé. “Cuando salió se lo llevaron todos, había mucha gente. No se quedó conmigo ni una enfermera. Vi que el niño estaba lánguido, era como un muñequito de trapo. No lloró y pensé que algo había salido muy mal. Luego llegó alguien a suturarme la episiotomía porque estaba sangrando muchísimo y me dejaron sola en un cuarto, sin cobija, con mucho frío. Posteriormente, todos los médicos desaparecieron por mucho tiempo”, dice.

Recuerda que antes, en el ultrasonido, Luján había dicho que el bebé estaba “de 10”, que todo estaba perfecto. “Luego la neonatóloga expresó que algo de que no estaba terminado de desarrollar a nivel neurológico y que eso afectó a mi bebé. Obviamente, no. Lo que afectó fue que no había un médico cerca, nadie hizo nada por mí. Me sentí abandonada, ninguna enfermera ni doctor dijo que era necesaria una cesárea”.

Agrega que después del parto jamás volvió a ver a Luján y que una médica le dijo de manera escueta: “tu bebé tiene muerte cerebral”, añadiendo que había tal daño en el cerebro que ni siquiera el sistema respiratorio estaba funcionando de forma automática.

“Para mí fue una pérdida muy dolorosa, un golpe enorme. Entiendo que el parto sea considerado un tránsito entre la vida y la muerte, pero sentí que hubo negligencia en muchos niveles.”

El niño estuvo seis días en terapia intensiva y después murió. “En todo este tiempo, Luján jamás volvió aparecer. Se escondió. Mandó a su asistente a cobrarme el parto. Luego, a las dos de la mañana me despertó una enfermera para darme una pastilla supuestamente para dormir, aunque yo ya estaba profundamente dormida. Me di cuenta de que fue un calmante; me adormeció”.

Lola se despidió entonces de su hijo Carlos. Lo tuvo en sus brazos y llorando le cantó una canción de cuna sabiendo que sería su ángel en el cielo. Después del duelo, buscó asesoría legal y al pasar los años se encontró con otras víctimas de Luján. “Me di cuenta que lo que pasó no fue un accidente, era un modus operandi, falta de humanidad de un médico que se cree Dios; no sólo tiene malas prácticas: es un sociópata, alguien muy peligroso. No debería seguir ejerciendo. Es importante que le quiten la cédula profesional”.

Maniobras dolorosas

Olga Laris Zucchetti cuenta que deseaba un parto en agua para su segundo hijo, y una amiga le recomendó a Luján, a cuyo consultorio acudió cuando tenía un mes de embarazo. Llegó a las ocho de la mañana para iniciar el trabajo de parto como a mediodía, sin tener contracciones. “Uno de los ayudantes me movió muy feo la panza, me dolió mucho; me jalaba y jalaba hasta que finalmente me rompió la fuente. En ese momento tuve la primera alerta sintiendo que algo no estaba bien. Las contracciones empezaron fuertísimas, y el doctor Luján apareció hasta las cinco de la tarde, cuando yo estaba en la tina de baño con agua”.

Recuerda que la sacó de ahí. La acostó en la cama y le aplicaron una inyección epidural sin decirle nada. “No entendía por qué el parto se le fue de las manos por completo. En ese momento escuché la alarma del monitor y supe que algo estaba mal”, asegura.

Luján se acercó y le dijo: “Te lo vamos a sacar por la pancita”. “Él siempre hacía sentir a las mujeres que todo estaba bien, cuando en realidad no era así, tratándonos como idiotas. Yo estaba muy asustada pensando que mi hija se iba a morir. Me abrieron, la sacaron y no lloró hasta después. Afortunadamente, salió bien, sin consecuencias”.

A continuación, afirma, la llevaron al cuarto con una sensación de malestar. “Sentí que viví un atropello muy grande. ¿Qué necesidad de llevar las cosas al extremo y de hacerme vivir una experiencia tan horrible, nomás porque no estuvo presente en el trabajo de parto?”.

Inicialmente, el costo de la atención era de 80 mil pesos, pero terminaron pagando 250 mil de hospital, más 50 mil de honorarios. “Pienso que arriesgarnos por dinero estuvo muy mal. Si él hubiera querido cobrar más haciendo una cesárea, no pasaba nada porque era muy famoso. Creo que fue como una cosa de poder, como diciendo yo mando aquí. Fue muy feo”.

Al pasar los años, se enteró de que las malas prácticas de Luján eran sistemáticas y que había más víctimas. “Cuando empezó el proceso legal sentí fe en la humanidad. La narrativa del doctor Luján es ‘yo les salvé la vida, cómo no me lo agradecen’, cuando le deberían revocar su cédula para que no siga dañando a mujeres y bebés”.

Defensa pro bono

Luján Irastorza niega las denuncias, y desde las redes sociales se defiende exhibiendo testimonios de los Luján-lovers, madres y padres contentos con su trabajo.

Sin embargo, después las víctimas de su práctica encontraron la ayuda del despacho de abogados Nassar, que asumió el caso pro bono. La abogada Yulieba Gómez Islas dice que muy pronto se dieron cuenta de que no se trataba de un hecho aislado, sino que son más de las 70 víctimas. Algunas no pudieron denunciar porque cuando las atendieron no había tanta conciencia sobre ese delito.

“Afortunadamente, las autoridades han resuelto este proceso con perspectiva de género. Ya se llevaron a cabo la audiencia inicial y la de solicitud de prórroga de prueba complementaria. La sentencia puede ser de seis a 12 años de prisión por el delito de responsabilidad profesional y de dos a ocho en grado de tentativa”.

Concluye señalando la urgencia de legislar sobre este ilícito. “La violencia ginecobstétrica es algo que hemos sufrido las mujeres toda la vida. Por mucho que se logre una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad o se consiga una inhabilitación del médico, hay daños que nunca podrán ser reparados, como la pérdida de un bebé o los procesos revictimizantes que han sufrido las mujeres”.