La reforma a la Ley Aduanera, recientemente aprobada por el Congreso mexicano y con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026, representa un giro de alto impacto en la forma en que operan las cadenas logísticas del país

Su propósito central —modernizar los procesos, reforzar la fiscalización y combatir la evasión fiscal y el contrabando— podría, sin embargo, convertirse en un arma de doble filo para las empresas que dependen del comercio exterior.
El nuevo marco normativo rediseña la estructura de las aduanas mexicanas mediante la incorporación de tecnologías digitales, sistemas de videovigilancia y mayores facultades para el Congreso Aduanero, que regulará la certificación y vigencia de los agentes aduanales. Sobre el papel, el cambio busca cerrar espacios a las prácticas ilícitas y aumentar la eficiencia del sistema.

Pero entre los actores privados, la iniciativa no ha sido recibida sin reservas.
Para Juan Francisco Torres Landa, socio mercantil y financiero en Hogan Lovells, una de las preocupaciones radica en que el rediseño de las aduanas mexicanas se haya construido sin una interlocución efectiva con el sector privado, lo que podría traducirse en dificultades operativas y sobrecostos a partir de su aplicación.

“Al no haber interactuado con mayor amplitud y agilidad con los sectores afectados, los legisladores se perdieron de una oportunidad valiosa para dialogar, entender la situación actual y encontrar un punto medio. Esa oportunidad no se dio”, señala el especialista.

La International Chamber of Commerce México (ICC) coincide en que, si bien el espíritu de la reforma es modernizador, su aplicación podría tener efectos adversos. La cámara reconoce que la iniciativa contiene “avances valiosos” en materia de digitalización y control tecnológico, pero advierte que persisten “cabos sueltos” que podrían restar dinamismo al comercio exterior.

Según el organismo, la iniciativa concentra responsabilidades excesivas en los agentes aduanales, imponiéndoles obligaciones que exceden sus facultades, y aumentando el riesgo de suspensión o cancelación de patentes. "La sobreregulación podría restar atractivo a México frente a otros países que hoy disputan inversiones derivadas del nearshoring", detalla el organismo en un comunicado.

El riesgo operativo no es menor. Si los nuevos procedimientos ralentizan el despacho de mercancías, el impacto se extenderá a toda la cadena: transportistas, plantas manufactureras y centros logísticos. Cada hora de espera en una aduana se traduce en mayores costos por gasolina, mantenimiento y demoras productivas.

“Hay que tener mucho cuidado en que no pueda ser algo que aparentemente es bueno, como generar tecnología o uso de herramientas digitales a la corrupción, no vaya a ser que se genere un problema operativo que impida al país avanzar en lo que debe hacer para que esa actividad económica tan importante (el comercio internacional)”, subraya Torres Landa.

La reforma era esperada. En los últimos años, la presión sobre las finanzas públicas y el incremento en la demanda de recursos federales habían anticipado una revisión de los mecanismos de fiscalización en aduanas. El control más estricto de flujos de mercancías se veía venir, aunque no necesariamente con el alcance actual.

Fiscalización, tecnología y riesgos en la nueva era aduanera
Gilberto Lozano Meade, socio director de Roland Berger, sostiene que la medida también responde a un contexto internacional más proteccionista. “La preocupación recae en los países que no son socios comerciales de México; entre ellos destacan varios de Asia, especialmente China e India, con los cuales no tenemos un tratado del libre comercio… sí va a haber cambios reales en las cadenas de suministro, porque se busca que muchos de estos productos en realidad tengan algún tipo de relocalización hacia la región de Norteamérica, ya sea Estados Unidos, México, Canadá”, señala.

El analista explica que la presión estadounidense para reforzar los controles sobre el origen de las mercancías —en el marco del T-MEC— ha sido determinante en el diseño de la nueva ley. La intención es que el comercio intrarregional gane competitividad frente a terceros mercados.

Sin embargo, ese mismo énfasis puede afectar el flujo con países sin tratados comerciales, como China e India, de donde México importa buena parte de sus insumos industriales. Cualquier retraso o restricción impactará directamente en costos y tiempos de producción.

Aun así, Lozano Meade reconoce que la reforma podría ser una oportunidad para que las empresas mexicanas den un salto tecnológico. “Si las empresas realmente se meten a implementar estos modelos de productividad, en 2 o 3 años va a ser una empresa totalmente diferente y que va a poder absorber nuevos procesos, nuevas inversiones y nuevos temas. Si no lo hacen, pues lo único que va a suceder es que van a estar tratando de sufrir contra empresas que sí lo hicieron y que tienen mejor estructura de costos o mejor calidad”, comenta.

La transición, no obstante, exigirá inversión y capacitación. Organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han advertido que varios artículos del nuevo marco, como el 59 —que establece un expediente electrónico único—, requieren más tiempo de implementación.

“Esta medida es positiva, pero su implementación requiere tiempo. Proponemos que entre en vigor 12 meses después de la publicación de la reforma, para que las empresas puedan adaptar sus sistemas, homologar sus catálogos y capacitar a sus equipos. Con una transición gradual se garantiza información confiable y se evita sancionar fallas técnicas inevitables durante el proceso”, expuso la Coparmex.

El desafío está en equilibrar el control con la agilidad. México busca colocarse a la altura de los estándares internacionales en materia de comercio exterior, pero un exceso de regulación podría frenar justo aquello que la reforma pretende fortalecer: la competitividad.

Para el sector privado, el mayor riesgo está en la sobrerregulación y en la falta de claridad sobre los procesos de certificación. Para el gobierno, la apuesta es fortalecer la recaudación y blindar las aduanas frente a la corrupción. Ambos objetivos podrían coincidir si se logra una implementación ordenada.


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