Por la reforma laboral impulsada para trabajadores de plataformas digitales, Uber aplicará un aumento de hasta siete por ciento en sus tarifas.

Ante ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo señaló que rompió el acuerdo y anunció operativos de verificación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por medio de un comunicado publicado la tarde de este 16 de julio, la plataforma tecnológica justificó el alza como un paso obligado ante el nuevo marco normativo que exige seguridad social para sus conductores.

“Es una realidad que no podemos ignorar. Por ello, implementamos una actualización necesaria en la estructura de precios de los viajes de hasta un 7%, dependiendo del tipo de producto y ciudad, a través de la aplicación de Uber”, señaló la empresa.

Aseguró que este ajuste no obedece a una lógica de beneficio empresarial, sino que busca “proteger las ganancias actuales de los conductores”.

Horas después, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que el alza carece de justificación y contradice lo pactado en la mesa de implementación de la reforma.

“Este incremento en tarifas, a tan solo 15 días de iniciado el piloto, no solo incumple los compromisos asumidos, sino que resulta especialmente preocupante al no contarse todavía con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social”, señaló.
La STPS recalcó que esta reforma tiene el objetivo de dignificar el trabajo y garantizar protección social a miles de trabajadores que hasta ahora han estado excluidos del sistema.

“El modelo de negocio de Uber y similares extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor”, sentenció la Secretaría.
Profeco intervendrá
La STPS también anunció que, en colaboración inmediata con la Profeco, se realizarán operativos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se trata, según lo señalado, de vigilar y sancionar cualquier política tarifaria “irregular o injustificada” que perjudique a la ciudadanía.