Ana Margarita Ríos Farjat, nacida en Monterrey, Nuevo León, el 13 de septiembre de 1973, es una abogada y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde se graduó con honores, y una maestría en derecho fiscal por la misma institución. También posee un doctorado en política pública por el Tecnológico de Monterrey, con una tesis enfocada en el impacto de la SCJN en la política pública, particularmente en el ámbito de las telecomunicaciones.
Trayectoria profesional
Ríos Farjat inició su carrera en el Poder Judicial de la Federación, trabajando en el Juzgado Tercero de Distrito del Cuarto Circuito. Posteriormente, acumuló casi dos décadas de experiencia en el ejercicio profesional independiente, destacándose en litigios civiles, mercantiles y administrativos, además de en temas de quiebras, arbitrajes y responsabilidad civil.

En diciembre de 2018, fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde su gestión se enfocó en combatir la evasión fiscal, particularmente las operaciones simuladas conocidas como “factureros”, promoviendo la formalidad y la igualdad de trato fiscal.
Ministra de la SCJN
El 5 de diciembre de 2019, Ríos Farjat fue electa ministra de la SCJN por el Senado de la República, con 94 votos a favor, en una decisión respaldada por su trayectoria jurídica. Desde entonces ha emitido sentencias en temas como la inconstitucionalidad de la penalización del aborto y la protección del derecho al libre tránsito frente a revisiones migratorias arbitrarias.
Entre sus aportes, la Primera Sala de la SCJN, bajo su ponencia, ha sentado precedentes en temas de género, desaparición forzada, y el derecho de niños y adolescentes a recibir asesoría jurídica adecuada.

Postura frente a la reforma del Poder Judicial
Recientemente, Ana Margarita Ríos Farjat ha sido crítica de la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente AMLO. Aunque reconoce la necesidad de mejorar el sistema judicial, ha expresado su preocupación sobre la propuesta de elegir jueces y ministros mediante voto popular, argumentando que este método no garantiza la mejora en la calidad de la justicia.

En su columna “Una reforma justa y posible”, Ríos Farjat subraya que el voto popular es eficaz en elecciones políticas, pero no para seleccionar a quienes deben tomar decisiones judiciales complejas. Señala que elegir jueces por voto podría llevar a decisiones “estrambóticas” y que el riesgo de que la ciudadanía juzgue su trabajo sin comprensión técnica es elevado.
Propone, en cambio, una reforma más integral que incluya:

Justicia local: Selección de jueces mediante exámenes y promoción interna.
Formación judicial: Actualización de la Escuela de Formación Judicial para capacitar a trabajadores de poderes judiciales locales y fiscales.
Mayor dimensión social: Que los jueces participen en trabajo social jurídico para adquirir mayor sensibilidad.
Clínicas de asesoría jurídica: Cooperación entre la defensoría pública y universidades para ofrecer asistencia legal en zonas vulnerables.
Jueces mediadores: Uso del voto popular solo para elegir jueces mediadores en conflictos locales.
Ríos Farjat enfatiza que la reforma debe buscar no solo cambios estructurales, sino también una justicia más accesible y eficiente, que atienda las necesidades reales de la sociedad.
Impacto de la reforma judicial propuesta por AMLO
La propuesta de López Obrador para reformar el Poder Judicial incluye, entre otros aspectos, la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, y la creación de órganos independientes para vigilar el desempeño judicial. Sin embargo, Ríos Farjat considera que esta iniciativa no resolverá problemas fundamentales como la duración de los juicios ni la desconexión entre el sistema de justicia y la sociedad.