Investigan a policías de Chihuahua por conflicto en Aquiles Serdán

La titular del Órgano Interno de Control, Carmen Yazmín Hidalgo Posada, informó que permanece abierta una investigación para determinar si existe responsabilidad administrativa de agentes de la Policía Municipal de Chihuahua, luego del conflicto registrado con elementos de Aquiles Serdán.

Hidalgo Posada precisó que el expediente se inició de manera oficiosa desde que el organismo tuvo conocimiento de los hechos. Asimismo, confirmó que existen denuncias formales presentadas tanto por agentes involucrados de Aquiles Serdán como por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de dicha demarcación.

Respecto al plazo para emitir una resolución, la funcionaria explicó que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública no establece un periodo específico para concluir este tipo de investigaciones; sin embargo, señaló que en el municipio de Chihuahua se procura que los procesos no excedan los seis meses.


Un total de 20 elementos de la Policía Municipal de Chihuahua han recibido sanciones durante 2026, informó Carmen Yazmín Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control y encargada de la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia.

Entre las medidas aplicadas se encuentran seis remociones definitivas, mientras que el resto corresponde a suspensiones temporales de empleo y comisión por distintas faltas administrativas.

Las causas de sanción incluyen desde la no aprobación de exámenes de control de confianza hasta faltas contempladas en la ley, entre ellas robo de combustible y detenciones irregulares, como la registrada recientemente en la zona de Santa Fe.


El Órgano Interno de Control determinó archivar y concluir la investigación contra un elemento del cuerpo de bomberos acusado de robo, debido a la falta de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.

Carmen Yazmín Hidalgo Posada aclaró que el cierre del expediente no representa formalmente una exoneración ni determina que la conducta señalada no haya ocurrido, sino que deriva de la imposibilidad de reunir elementos probatorios suficientes para sustentar los cargos.

Al no haberse iniciado un procedimiento formal de responsabilidad, el servidor público continúa desempeñando sus funciones operativas. La funcionaria agregó que el expediente podría reabrirse en caso de que sean presentadas nuevas pruebas.