La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un procedimiento de responsabilidad contra el consorcio de empresas que, en 2017, ganó el contrato de casi 85 mil millones de pesos para construir la terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado en 2019.

Se trata del consorcio Constructora Terminal Valle de México (CTVM), que fue integrado por CICSA de Carlos Slim, Prodemex de la familia Vázquez Raña, ICA, La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Acciona Infraestructuras y GIA+A.

En su informe de la Cuenta Pública de 2019, la ASF sostuvo que no había evidencia documental para justificar el monto de 14 mil 220 millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), negoció con CTVM para solucionar la controversia y demandas originadas por la cancelación del NAIM.

Según la ASF, lo recibido por CTVM fue equivalente a 16.8 por ciento del importe total del contrato, pero el avance físico de la obra para la terminal solo era de 3.4 por ciento.
Si bien el convenio se firmó por 14 mil 420 millones de pesos, a fin de cuentas CTVM recibió un total de 14 mil 892 millones, pues se agregó un concepto adicional en el pago final.

Además del convenio de finiquito, la ASF también encontró irregularidades por otros conceptos de la obra, como las compras masivas de acero, por mil 481 millones de pesos.

El pasado 22 de julio, el Director de Sustanciación A2 de la ASF, Israel Rodríguez Esquivel, dictó acuerdo para abrir el procedimiento de responsabilidad, emplazó a CTVM y citó a dicha empresa a una audiencia para defenderse en el expediente DGSUB/1662/07/2025.

Lo anterior, luego de que Jorge Luis Mejía, Director de Investigación y Responsabilidades A3 del órgano fiscalizador, emitió un informe de presunta responsabilidad administrativa contra CTVM, resultado de una indagatoria que se prolongó desde 2021.

De los 15 mil 701 millones de pesos que determinó la ASF como presuntos daños, se desconoce públicamente cuál es el monto final por el que se inició este procedimiento.

Según Mejía, CTVM violó el artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala que son responsables por el uso indebido de recursos públicos, los particulares que no rindan cuentas para comprobar el destino que se otorgó a dichos recursos, los desvíen o se apropien indebidamente de ellos.

Esta falta es grave y se sanciona con multa de hasta dos tantos el beneficio obtenido, indemnización por daños y perjuicios a la hacienda pública, e inhabilitación hasta por diez años para contratos de gobierno, entre otras.

CTVM respondió con una demanda de amparo, que fue desechado el 30 de septiembre por el juez federal Francisco Javier Rebolledo, quien la consideró notoriamente improcedente. El consorcio ya impugnó este fallo ante un tribunal colegiado.

Si la ASF decide que CTVM incurrió en responsabilidad, tendrá que remitir el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que es el que impone las sanciones.