Campesinos de Pánuco luchan por ser apoyados en programas de remediación ya que sus tierras poco a poco han sido afectadas por las emanaciones de gases y derrame de hidrocarburo que provienen de pozos sellados desde hace más de 80 años.

Jorge Enrique Zárate Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pemex, Empresas Subsidiarias y Filiales, dijo que como habitante de la región norte del estado ha documentado junto con los afectados los problemas ambientales que viven a partir de la fracturación de los pozos de los que emanan hidrocarburo, gases y aguas ácidas. El producto quedó atrapado y con la presión se han hecho grietas.
Explicó que en la región Huasteca hay entre 3,000 y 5,000 pozos sellados; en la región de Pánuco están concentrados un aproximado de mil y de esos al menos entre 15% y 20% están fracturados.

“Son pozos que incluso encima tienen las siglas de empresas de Estados Unidos”, aseguró el dirigente.

Explicó que la zona afectada se denomina Chapacao, en la cual están asentadas 28 colonias agrícolas ganaderas, hay centros de población ejidales y parte del sistema lagunario de la Huasteca; es un aproximado, dijo, de 30 a 40 mil hectáreas en las cuales ya hay daños importantes tanto en pozos acuíferos como en las lagunas.

Ejidatarios y pobladores de las colonias agrícolas son asesorados jurídicamente para que se les dé solución a un impacto ambiental de desaprovechamiento de tierras, mortandad de ganado y fauna local, por lo que emana de los pozos. Es un daño que buscan sea reparado pues las pérdidas para ellos han sido cuantiosas.

La tierra en este momento no sirve para seguir sembrando, el agua está contaminada y el ganado muerto, denunciaron.

Explicó que Pemex ya no continuó con la explotación de los pozos sellados pues optó explorar en el mar.

“Tal vez si los hubieran explotado hubieran sacado más producción y se termina por agotar lo que había en el subsuelo; ahora ha provocado más daño”, lamentó.

Dijo que como organismo sindical tienen cerca de 200 contratos de propietarios, así como consejos de los ejidos, y están llevando un proceso de trámite ante siete instancias del gobierno federal para que se resuelva el impacto ambiental.

“Es preocupante y es grave, parte del desaprovechamiento que tienen los propietarios de no poder sembrar, el riesgo que tiene su ganado, en el caso de los ganaderos y el riesgo de los agricultores por el gas y el agua ácida que despiden los pozos”, señaló el dirigente sindical.
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