Leobardo Marín, corresponsal de El Universal en Tabasco, publicó el día 13 de diciembre la siguiente nota: “Destina Bienestar 2 mil mdp de apoyo para damnificados en Tabasco

Por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar comenzará a pagar, del 13 al 20 de diciembre, 10 mil pesos por vivienda a los afectados por inundaciones en Tabasco, siendo un total de 200 mil los inmuebles considerados, con una derrama económica de 2 mil millones de pesos”. Esto declaró Javier May, titular de la Secretaría del Bienestar, quien añadió que se beneficiará a 200 mil damnificados y que “El recurso será para la reconstrucción de viviendas”. Al final de la nota, dice el reportero: “Sobre las acusaciones de legisladores locales del PRI y del PRD sobre que el censo anterior se usó con fines electorales, Javier May negó que eso pasara (…) «En el tema político no nos metemos nosotros; no traficamos ni con el sufrimiento de la gente ni con la tragedia (…) no somos iguales», afirmó tajante el funcionario federal”.
Cierto, la negación suena rotunda y logra que el lector sienta el poder que ostenta quien la formula. Pero a pesar de eso, no deja de ser una pura y simple afirmación de parte interesada, sin ningún elemento de prueba ni argumentación lógica que la respalde. Y algo más. La “afirmación tajante” de que “no somos iguales”, delata a quien la suelta como alguien metido hasta el cuello “en el tema político”, pues solo así se entiende el uso de la misma frase (que mete con calzador en su discurso), que le hemos escuchado decenas de veces al presidente López Obrador en sus mañaneras, cada vez que pretende descontar a sus supuestos o reales enemigos políticos. En efecto, en la misma declaración del Secretario hay pruebas de que el programa tiene mucho (o todo) de propaganda partidista. Él afirma de entrada que la ayuda llega “por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador”. ¿Había necesidad de decirlo expresamente? ¿No hubiera bastado con señalar que es una tarea que la propia Secretaría de Javier May realiza como parte de las responsabilidades y atribuciones que le confiere la ley? Por lo visto, no. Era indispensable hacer saber a los beneficiados que todo se lo deben a la generosidad del soberano que despacha en Palacio Nacional. El mensaje subliminal es claro: Tienen que agradecer y pagar ese beneficio votando por los candidatos del Presidente.
Según la nota, el Secretario aseguró: “Fueron casa por casa (los servidores de la nación) y fueron verificando cuáles ya estaban contabilizadas, y el censo permitió identificar quienes sí sufrieron daños…”. Es decir, que el Secretario admite aquí que los visitadores llevaban un censo previo que les sirvió de base para cumplir su cometido, tal como afirman los diputados del PRI y del PRD. Sigue la cita: “no fue a través de una lista, no fue a través de una reacción.” Pero antes ha dicho que sí se apoyaron en un censo, que es casi lo mismo que una lista. ¿En qué quedamos por fin?, como dice la canción. Y aclara que el censo de los beneficiarios fue levantado, no por su propio personal, como sería lo correcto, sino por los servidores de la nación, un ejército de asalariados cuya filiación morenista y cuyo trabajo de proselitismo político-electoral son del dominio público. ¿Hay o no razón para sospechar que todo es una maniobra electorera?
Hay consenso entre damnificados y la mayoría de los medios, de que la ayuda es tardía y totalmente insuficiente. El Secretario asegura, por su parte, que el programa no se decidió “a través de una reacción”. O sea que, si algo quiere decir esta frase sibilina, es que no fue el impacto de la tragedia lo que movió al Gobierno a proporcionar alivio a las víctimas, sino un cálculo frío sobre el momento más oportuno para liberar los recursos, un cálculo que solo pudo ser de tipo electoral. Nadie duda tampoco de que 10 mil pesos “para la reconstrucción de viviendas” es una burla sangrienta. ¿En qué tipo de vivienda pensaban quienes fijaron esa cantidad? Y hay más. Según el Secretario, los servidores de la nación comprobaron que los estragos no fueron parejos; que unas viviendas sufrieron más daños que otras, como era natural esperar. Pero si es así, y si la ayuda está calculada para reparar las viviendas, los montos debieron ser distintos, mayores o menores según la magnitud del perjuicio. Pero no. A todos se les asignan 10 mil pesos. La razón es que no se trata en realidad de reparar viviendas, sino de comprar la conciencia y el voto de los urgidos de ayuda. Desde aquí invito a los tabasqueños dañados por la inundación a que no se dejen manipular ni comprar a precio vil; que reciban el dinero porque es suyo, porque es de la nación entera y no del gobierno; pero que no vendan su voto ni su conciencia.
La manipulación de los recursos públicos con fines electorales es un hecho. El caso de Tabasco es un buen ejemplo, pero no es el único. Otro curioso caso es el manejo de la pandemia de Covid-19. Desde el 27 de febrero, fecha del primer caso confirmado en México, el Presidente inició su campaña para sembrar en la gente la idea de que el peligro era mínimo. En más de una ocasión invitó a todos a salir a la calle sin temor, a divertirse, a asistir a restaurantes, a darse abrazos y besos en la mejilla. “No pasa nada”, aseguraba contundente. Más tarde, cuando las muertes por el coronavirus se hicieron inocultables, su discurso fue: ya domamos la pandemia; ya aplanamos la curva de los contagios; ya pasó lo peor, ya se ve la luz al final del túnel. Somos ejemplo mundial en el manejo del problema. El propósito era el mismo: cuidar su imagen de político sabio e infalible y hacer que la gente saliera a la calle y al trabajo para no dañar la utilidad de los grandes negocios.
Apoyado en esas falsedades, terminó con el confinamiento decretado para frenar la ola de contagios y llamó a regresar a la “nueva normalidad”, a pesar de las advertencias de que la pandemia no había remitido y que su llamado podía acelerar los contagios y las muertes. No lo creo, dijo; pero si vemos que vamos mal, nos regresamos. Nunca aclaró cómo regresarían a la vida los muertos que hubiera causado su error. Y en esas estamos. Hoy, con la gente en la calle y con el reinicio del trabajo en fábricas y otros negocios sin mínimas medidas de seguridad, los contagios y las muertes por Covid-19, favorecidos por el invierno, están alcanzando rápidamente dimensiones de tragedia. Tomo solo lo último que hallo en los medios. Blanca Valadez, en MILENIO del 13 de diciembre, dice: “«No hay ni un lugar», hospitales de la CdMx están saturados por Covid-19”. Y muestra con tomas desgarradoras que la gente se esta muriendo frente a los hospitales en espera de una cama. Alejo Sánchez Cano, en EL FINANCIERO del 14 de diciembre: “La CDMX huele a muerte” y añade: “Con los hospitales saturados por Covid-19, con buena parte de los chilangos infectados aunque muchos de ellos no lo saben, la capital del país y la zona metropolitana, se han convertido en el mayor foco de infección de todo el territorio nacional.” Por último, Roberto Rock, en El Universal del 13 de diciembre: “Resulta estremecedora la profusión de testimonios sobre contagiados de Covid-19 en la zona metropolitana de la capital del país recorriendo hospitales, públicos y privados, en búsqueda inútil de un rincón de atención médica para pelear por su vida”. No hay modo de ocultar la dimensión del desastre.
Y en medio de todo esto, el Presidente declara: “El gobierno que encabezo no va a limitar libertades. No soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda”. Dijo esto al mismo tiempo que aconsejaba: “Actuemos este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios; (…) mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos”. La contradicción es escandalosa: de un lado, aunque se cuida de decirlo expresamente, es claro que llama a quedarse en casa, a evitar fiestas y aglomeraciones en este mes de diciembre; por otro, fingiéndose un adalid de la libertad individual, deja a cada quien la decisión de salir o no, y lo hace responsable absoluto de su propia salud. ¿Y su responsabilidad de gobernante qué? Lo que el presidente busca en realidad, es evitar a toda costa un nuevo confinamiento, algo de la mayor importancia para evitar otro golpe a la maltrecha economía del país, ya de por sí muy dañada por el pésimo manejo que le ha dado hasta hoy. Su discurso libertario es puro cuento; una artera manipulación de la ignorancia del público sobre la pandemia.
Veamos un último ejemplo. Me refiero al combate a la corrupción y a la pregonada honestidad del Gobierno de la 4ªT. No repetiré los casos de corrupción de familiares y funcionarios del primer círculo del Presidente ventilados y puntualmente demostrados por los medios. Hablo de otro ángulo del problema. El portal EME/EQUIS del 3 de diciembre cabeceó: GOBIERNO DE AMLO OTORGA CONTRATOS MILLONARIOS A 18 “EMPRESAS FANTASMA”. A continuación ofrece cuadros precisos y sobrados para probar fehacientemente la denuncia. Francisco Garfias, en Excélsior del 11 de diciembre, titula su columna: “Récord de adjudicaciones directas”. Más adelante dice: “Va un dato (…) que no deja lugar a dudas: En lo que va del 2020, el 79.8 por ciento de los contratos del gobierno han sido dados por adjudicación directa. «Vamos rumbo al récord de la década»” afirma Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), según cita el columnista. Y la cereza del pastel: El Diario de Chihuahua cabecea el 9 de diciembre: Contrata Veracruz el 99% ¡sin licitar!
A todos estos y otros señalamientos el Presidente contesta con la misma frasecita que le copió el Secretario May: “En mi gobierno no se tolera la corrupción. No somos iguales”. Y sí, no son iguales simplemente porque en el universo no hay dos cosas idénticas entre sí, pero de eso no se sigue que sean mejores. Como acabamos de ver, hoy se cometen las mismas corruptelas y las mismas prácticas desaseadas, sucias del pasado, solo que antes se hacían clandestinamente y ahora se hacen a plena luz, desafiando al universo entero de quienes no pertenecen a las filas del morenismo en el poder. El tiempo dirá si impunemente.