La madrugada del domingo, la activista defensora feminista fue trasladada a un penal en Acapulco, Guerrero. Guerra sucia en pleno 2020.

-La madrugada del domingo, la activista defensora feminista fue trasladada a un penal en Acapulco, Guerrero, un lugar del que salió huyendo por amenazas de muerte, persecución y detenciones al Colectivo Zapata Vive. Guerra sucia en pleno 2020.


Guerrero es tierra fértil para el crimen organizado, los grandes sembradíos de amapola y marihuana, el trasiego de armas, los feminicidios como deporte, las miradas policiales que a veces no ven nada así como los brazos de la fuerza que ahorcan al débil y al pobre antes que a los que andan armados.


Tal vez por esa gran duda bañada de certeza que sugiere a un Estado con las manos del narco metida hasta el centro de inteligencia ha contribuido a mantener viva la memoria -y la sensación- de la Guerra sucia: aquellas medidas de represión militar y política que incluyen todo tipo de alianzas con criminales para disolver los movimientos sociales de oposición.


Este fin de semana, por cuarta ocasión en lo que va del año, Kenia Hernández fue detenida y llevada al penal de Santiaguito, en el Estado de México.


La cabeza política del Colectivo Zapata Vive ha sido incómoda para gobiernos por reclamar la miseria y violencia en que los tienen sumidos pero también a criminales, pues como abogada, ha tenido logros trascendentales para las mujeres principalmente. Ella logró que el asesinato feminicida de Silvia de Jesús en Xochistlahuaca se librara del 92% de impunidad que está prescrito para los crímenes contra mujeres en razón de género.


Kenia también protesta junto con el Colectivo Zapata Vive y por ello es tan incómoda para su natal Guerrero. Antonio Lara, abogado del Centro Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, ya advirtió la injusticia que se está cometiendo contra Kenia Inés pues cuatro horas después de lograr su libertad bajo medidas cautelares en el Estado de México, el juez José Miguel López Rodríguez, del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el estado de Guerrero, giró en la causa penal 392/2020 una nueva orden de aprehensión, ahora, por el supuesto delito federal de ataques a las vías de comunicación.


Lo anterior no sólo es ilegal sino que es ilegítimo. Primero, porque abusando de la ley así como de la reforma que incluye la prisión preventiva como medida cautelar para las personas que toman casetas, Kenia fue detenida por una falsa acusación de robo y espontáneamente acusada de tomar carreteras. Sin flagrancia. Sin pruebas. Sin su presencia en Guerrero, en el lugar que se le acusa de impedir el libre tránsito. Sin la omnipresencia que haría creíble en un mínimo el hecho de que una mujer que está físicamente en Puebla pudiera haber hecho aquello por lo que se le acusa en Guerrero.


Simplemente sin atropello contra la justicia y la racionalidad.


Apenas en septiembre de 2019, la coordinadora del colectivo Zapata Vive estuvo obligada a marcharse de Guerrero por la persecución política que sufría, producto del activismo. En aquel momento, tuvo acceso al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), y fue reasignada su residencia al Estado de México.


En el pacto de terrorismo de Estado contra las mujeres, Kenia había sido detenida también el 6 de junio, en la caseta Hortaliza-Valle de Bravo, cuando la Secretaría de Seguridad de Edomex la intervino mientras circulaba con dos menores de edad y la llevaron al reclusorio de Chiconautla de Ecatepec, y a los dos jóvenes al centro para adolescentes Quinta del Bosque, de Zinacantepec.


En aquel momento, los trabajadores de la caseta y vehículos de la SSE rodearon el auto de Kenia y bloquearon el paso. Luego, como en operativos que se anhelan para los verdaderos criminales, llegaron ocho patrullas más que ejecutaron la detención. No había orden ni notificación, tampoco causa razonable. Fabricaron el delito y fue únicamente el “levantón” com todo y susto. Los tres arrestados fueron puestos en libertad a los dos días.


El trayecto de Kenia Hernandez a Guerrero fue incomunicado, sin la presencia de un observador de derechos humanos como mandata el Mecanismo y en completa indefensión. Su estancia en el penal de Acapulco es un riesgo que amenaza su vida e integridad pues además de ser una presa política, es tan incómoda para el gobierno local como lo eran los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por una alianza entre crimen organizado y autoridades municipales.


La vida de Kenia Hernández -y los ojos internacionales por la protección de la red de activistas para América latina - está en el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Cualquier daño caerá en su responsabilidad así como han señalado cerca de 50 organizaciones de defensores que respaldan a Kenia, quienes han marchado y bloqueado exigiendo su libertad.


Pensamos que la guerra sucia, la persecución política y la amenaza contra defensores había terminado con la llegada de la cuarta transformación pero en Guerrero se vive en los setentas: entre fabricación de delitos, tortura, encarcelamientos ilegal y con el miedo de la desaparición forzada.

Para Kenia, libertad.