Desde antes de 2018, José Reyes Baeza comenzó a trazar una ruta para gobernar Chihuahua en 2021, cuando anunció su renuncia a la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para lograr su inscripción como precandidato a la senaduría por el estado de Chihuahua y ganarla.

Con la gracia de Peña Nieto, Reyes Baeza integró varias veces el esquema de la Estafa Maestra para consolidar desvíos que hoy se sufren en la primera línea de batalla contra la Covid-19, en el periodo de 2009 hasta su salida. Y es que hace 8 años, Esthela Damián, desde la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, reportó más de 38 mil millones de pesos que serían destinados a la atención de derechohabientes y simplemente no llegaron.


No existen las casualidades y aunque no se justifica el uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como brazo político del Estado, es increíble que hubieran tenido que pasar más de 12 años para abrir la cloaca de los desvíos en la institución que da servicios de salud y seguridad social a los trabajadores del Estado.


A propósito de protestas en Chihuahua presuntamente financiadas por quien ahora aspira a obtener la candidatura del PRI al gobierno de esa entidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, dio a conocer que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, por su presunta participación en el desvío de recursos como parte de la Estafa Maestra.


De acuerdo con Nieto, Reyes Baeza estuvo involucrado, entre otras irregularidades financieras, en el desvío de 129 millones de pesos procedentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).


Pero eso no es lo único. Diversos esquemas de desvíos con abuso y arreglo de la ley permanecieron activos aún sin Reyes Baeza dirigiendo el Instituto, y eso se refleja en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.


POR CIERTO. El propio proyecto plantea recortar presupuesto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y con ello al equipo de Irma Eréndira Sandoval, pero vaya que antes de enflacar deben visitar las instalaciones del ISSSTE, pues los desvíos han llegado al extremo nivel de tener compras de material de protección para el coronavirus que no llegan al personal, como el caso de los trabajadores de limpieza, quienes denuncian no haber recibido kit completo de careta, cubrebocas y guantes para quedar protegidos contra la letal pandemia de Covid-19.


Eso con todo y la existencia de contratos que los contemplan en la adquisición de material protector. O está Luis Antonio Pineda, el director actual, ante el incumplimiento por parte de la empresa proveedora “Relissa Servicios Corporativos, relacionada con José Juan Reyes Mote”, o Reyes Baeza se fue pero los desvíos persisten.


La empresa que tendría que haber cumplido con la entrega de material y equipo no sólo ha fallado en brindar esa mercancía, sino que tampoco habría inscrito a todos sus colaboradores en el IMSS, dirigido por Zoé Robledo. ¿Acaso no era ese un requisito obligatorio para poder contratar con el Estado? Pobre Instituto, pobres trabajadores y pobres derechohabientes, pues entre dimes y diretes, ellos son los más afectados.





Fuente: sdpnoticias.com