Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza están entre las 38 personas bajo investigación de la FGR.

Dos ex presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaría bajo investigación por el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin-Agro Nitrogenados.


Se trata de Pedro Joaquín Coldwell, quien dirigió al tricolor entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012, y Enrique Ochoa quien lo encabezó por un año 10 meses.


De acuerdo con El Universal, ambos políticos están en un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) que indaga a todos los que integraban el Consejo de Administración de Pemex por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados.


Informantes dijeron al rotativo que en septiembre de 2019, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que no sólo Lozoya Austin está señalado por las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes.


Según la ASF, en 2013 se llevó a cabo el entramado, en el que participaron 38 personas, para de compra de activos de la planta de Agro Nitrogenados a través de Grupo PMI y no de Pemex Petroquímica, como correspondía según un decreto.


En la denuncia de la Auditoría están identificados, además de Lozoya, a Pedro Joaquín Coldwell, entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener) y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y a Enrique Ochoa Reza, quien era subsecretario de Hidrocarburos de esa dependencia.


Por la adquisición de la planta hubo un daño de 93.2 millones de dólares, indica la ASF, que agrega que la operación se llevó a cabo sin los estudios previos de integridad mecánica de equipos, ni la revisión técnica de los bienes para clasificar los activos.


En octubre de 2019, Coldwell negó estar involucrado en un esquema de sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en la gestión de Emilio Lozoya.


Dijo que como secretario en el periodo 2012-2018 nunca tuvo injerencia alguna en la adjudicación de contratos de servicios o de arrendamientos llevados a cabo por Pemex.


Subrayó, además, que no contaba con facultades legales para ello, ni tampoco recomendó jamás a funcionarios de la petrolera beneficiar o perjudicar a empresa alguna.





Fuente: sdpnoticias.com