El escándalo TV Azteca-Salinas Pliego-Alatorre va a perseguir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de todo lo que este dure. No se trata de un asunto menor y mucho menos que se vaya a solucionar con una simplista explicación.

Como el tema va a dar para rato y deseando aportar elementos sustanciales para la comprensión del problema, nada hay mejor que empezar proporcionando un posicionamiento que combina moderación, objetividad, profesionalismo y real compromiso con el derecho a la información y especialmente con el derecho de las audiencias. En tal marco, el pronunciamiento hecho por AMEDI, la prestigiada Asociación Mexicana del Derecho a la Información, cae como anillo al dedo para ir construyendo un debate que mucho tiene que ver con la limpieza –quiero decir combate a la corrupción– en tan importante derecho para los mexicanos, y más en medio de esta compleja crisis. Todo lo que sigue, para no entrecomillarlo, es lo esencial de la palabra de AMEDI en este tema: En el noticiario estelar de TV Azteca la noche del viernes 17 de abril, el conductor Javier Alatorre dijo a nivel nacional lo siguiente: “Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”. Ante este hecho, la AMEDI manifiesta lo siguiente: 1. El comentario del conductor de la empresa televisiva fue irresponsable porque la sociedad mexicana se encuentra en medio de una pandemia. En este momento, los medios están llamados, éticamente, a poner atención en la calidad de la información que difunden porque puede ocasionar daños a la salud, o peor, pérdida de vidas. Actualmente las y los mexicanos nos encontramos bajo las directrices temporales del Consejo de Salubridad General ante la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. 2. El contenido de la transmisión y la editorialización del conductor violaron de forma pública y notoria el artículo sexto constitucional, que advierte que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque la vida privada, los derechos de terceros (como es la propia vida y la salud) o perturbe el orden público. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el noticiario estelar de TV Azteca, utilizando un recurso de la nación como lo es el espectro radioeléctrico. 3. Si bien los medios de comunicación, en situaciones de emergencia, son estratégicos para la difusión de las medidas tomadas por la autoridad competente para salvaguar la vida de las personas, desde una perspectiva profesional tienen la obligación de observar la realidad con rigor al hacer sus propias investigaciones, así como contrastar y verificar la solidez de los dichos como las estadísticas oficiales. Sin embargo, la pieza informativa de TV Azteca careció de rigor periodístico al limitarse a reproducir dichos sin verificar, en este caso, la versión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que sirvió para confrontar el trabajo del subsecretario López-Gatell. En dicho reporte informativo no hubo indagación periodística ni se desmintieron las cifras federales. 4. En defensa de la libertad de expresión, al Estado no le corresponde censurar. El cuestionable trabajo informativo de TV Azteca debe ser combatido con periodismo profesional. Corresponde a la sociedad y a los demás medios exhibir el execrable manejo informativo de TV Azteca en momentos de tanta incertidumbre y –como audiencias– retirarle la confianza como fuente de información fiable. 5. La AMEDI ha advertido repetidamente que las audiencias están huérfanas de sus derechos por la pasividad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) durante la presidencia de Gabriel Contreras Saldívar, por la contrarreforma que avaló el Poder Legislativo y que promovieron los concesionarios comerciales. El Pleno del IFT, ahora bajo la presidencia interina de Adolfo Cuevas Teja, debe reactivar los lineamientos de defensa de los derechos de las audiencias, incluido el registro de los códigos de ética y los defensores de las audiencias. 6. Por encontrarnos en una situación de emergencia, el IFT también debe emitir una resolución extraordinaria sobre las graves implicaciones que para la población representa el llamado de Javier Alatorre a no hacer caso de las recomendaciones del vocero oficial Hugo López-Gatell. A la IFT le corresponde ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias previstos en los artículos 256-261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las sanciones en materia de derechos de las audiencias están contempladas en el artículo 311 de la misma legislación. Llamamos al regulador a que emita una amonestación pública a la televisora y que revise la pertinencia de revocar la concesión según el artículo 303. 7. Los legisladores que integran las Comisiones de Radio y Televisión de las cámaras de Diputados y Senadores no deben ser omisos de las violaciones a la Carta Magna hechas por TV Azteca. Estos órganos legislativos deben exhortar a las autoridades involucradas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de su título de concesión. 8. Convocamos a las audiencias y a la sociedad en general a presentar sus quejas a los Defensores de las Audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Manuel Barquín Álvarez y Alejandro de Anda, en la dirección electrónica https://cirt.mx/defensor/, para que los defensores emitan las recomendaciones correspondientes al área de noticias, al conductor y a la televisora del Ajusco. 9. También damos a conocer la página para presentar quejas ante el Defensor de la Audiencia de TV Azteca: https://www.tvazteca.com/defensoraudienciatvazteca.html. 10. Debe extinguirse de inmediato el autonombrado Consejo Asesor Empresarial que desde diciembre de 2018 se integró para “asesorar” al presidente López Obrador. Dicho Consejo carece de fundamento legal, institucional, transparencia y rendición de cuentas. Entre otros empresarios, integran dicho Consejo: Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Imagen Televisión) y Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca). El trinomio televisivo abrió un canal de comunicación directo supra legal con el Ejecutivo Federal para hacer valer y consolidar sus intereses mediáticos y privados. 11. Para que los mensajes y la comunicación gubernamental contribuyan a enfrentar la pandemia en un marco de derechos fundamentales, la AMEDI elaboró el documento “Emergencia sanitaria: principios para preservar el derecho a la información y enfrentar el coronavirus”, el cual reúne principios y aspectos fundamentales de la comunicación entre la autoridad, los medios y la sociedad, así como entre gobernantes y gobernados en los niveles federal, estatal y municipal. Convocamos a las autoridades, los medios de comunicación y los profesionales de la información a aplicar estos lineamientos para enfrentar con unidad y fundamentos la propagación del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad Covid-19.