Lo seré siempre Lo que no soy aunque lo quiera nunca podré serlo Jodorowsky.

Una de las creencias más difundidas por los neoliberales es la que supone que solo el libre comercio hace a la economía.

Entre menos Estado mejor para la economía. Y si de persistencia la pobreza se trata, basta considerarle una condición natural e irremediable. Fueron los neoliberales los que inventaron la austeridad moderna. Ellos los que adelgazaron la idea de soberanía, un anacronismo en la era del comercio global. Y no hace mucho, desde las organizaciones proempresariales, denunciaban los excesos del gobierno en gasto corriente. En los meses que lleva la cuarta transformación, uno se ha dado cuenta de lo endeble de las creencias apenas ayer defendidas con vehemencia. Se pide al Estado que no sea austero, que eche la mano a cuanto negocio o actividad se lo pida. Ahora se percibe la importancia del ejercicio del gasto público para el funcionamiento de la economía. Como nunca se ha visto el interés por escudriñar el gasto público y se divulgan documentos sin verificar autenticidad o sin recurrirlos al INAI. Por los recientes acuerdos migratorios realizados con Donald Trump, se pide no ceder soberanía. Hasta se reivindica el Estado social para que asista a la academia, las artes y la ciencia. Han sido meses trepidantes para sanear y enderezar el servicio público, totalmente desvirtuado desde que a Vicente Fox se le ocurrió homologar el servicio público como una actividad empresarial. Desde entonces la corrupción agarró nuevos bríos, se podía camuflar en contratos o, de plano, como abuso legitimado por la investidura del cargo. El nuevo gobierno inició con un presupuesto federal que tiene el diseño de la pasada administración. PEF al que se le van haciendo ajustes utilizando las atribuciones que para ello tiene el Ejecutivo. No es un trabajo sencillo, más cuando se trata de darle un alcance efectivo sobre la población menos favorecida. Se requiere identificar y eliminar derroches, poner en renegociación contratos totalmente onerosos a la hacienda pública, cancelar condonaciones fiscales a las grandes empresas, enfrentar el robo de gasolinas, tipificar la corrupción como delito grave, alentar el pago de impuestos sin crear más cargas fiscales, ajustarse al endeudamiento aprobado por el Congreso y, por si fuera poco, formar una nueva estrategia en contra de la violencia criminal. Los que se beneficiaban del anterior orden de cosas, en automático se resisten al cambio. No le dan el beneficio de la duda al gobierno de López Obrador y menos están dispuestos a la proactividad. Tienen que enfrentar la circunstancia del desprestigio de los partidos, a medias confían en la división de poderes. Desconocen a su conveniencia el orden institucional. Para ello arguyen que hay una concentración de poder en una sola persona y hacen falta contrapesos. Lo que en verdad quieren es que les digan a dónde ir a recoger el cheque. Tendremos seis años con el mismo jaloneo, de los resultados dependerá si se refrenda la 4T. Y cuál es uno de los resultados esperados, a parte del abatimiento de la corrupción, de la delincuencia y la pobreza, que los mercados cumplan con el Estado de derecho -otra premisa neoliberal- y se autoimpongan límites morales, como los reflexionó Adam Smith. En los meses que lleva la cuarta transformación, uno se ha dado cuenta de lo endeble de las creencias apenas ayer defendidas con vehemencia. Se pide al Estado que no sea austero, que eche la mano a cuanto negocio o actividad se lo pida. Ahora se percibe la importancia del ejercicio del gasto público para el funcionamiento de la economía. Como nunca se ha visto el interés por escudriñar el gasto público y se divulgan documentos sin verificar autenticidad o sin recurrirlos al INAI. Por los recientes acuerdos migratorios realizados con Donald Trump, se pide no ceder soberanía. Hasta se reivindica el Estado social para que asista a la academia, las artes y la ciencia. Han sido meses trepidantes para sanear y enderezar el servicio público, totalmente desvirtuado desde que a Vicente Fox se le ocurrió homologar el servicio público como una actividad empresarial. Desde entonces la corrupción agarró nuevos bríos, se podía camuflar en contratos o, de plano, como abuso legitimado por la investidura del cargo. El nuevo gobierno inició con un presupuesto federal que tiene el diseño de la pasada administración. PEF al que se le van haciendo ajustes utilizando las atribuciones que para ello tiene el Ejecutivo. No es un trabajo sencillo, más cuando se trata de darle un alcance efectivo sobre la población menos favorecida. Se requiere identificar y eliminar derroches, poner en renegociación contratos totalmente onerosos a la hacienda pública, cancelar condonaciones fiscales a las grandes empresas, enfrentar el robo de gasolinas, tipificar la corrupción como delito grave, alentar el pago de impuestos sin crear más cargas fiscales, ajustarse al endeudamiento aprobado por el Congreso y, por si fuera poco, formar una nueva estrategia en contra de la violencia criminal. Los que se beneficiaban del anterior orden de cosas, en automático se resisten al cambio. No le dan el beneficio de la duda al gobierno de López Obrador y menos están dispuestos a la proactividad. Tienen que enfrentar la circunstancia del desprestigio de los partidos, a medias confían en la división de poderes. Desconocen a su conveniencia el orden institucional. Para ello arguyen que hay una concentración de poder en una sola persona y hacen falta contrapesos. Lo que en verdad quieren es que les digan a dónde ir a recoger el cheque. Tendremos seis años con el mismo jaloneo, de los resultados dependerá si se refrenda la 4T. Y cuál es uno de los resultados esperados, a parte del abatimiento de la corrupción, de la delincuencia y la pobreza, que los mercados cumplan con el Estado de derecho -otra premisa neoliberal- y se autoimpongan límites morales, como los reflexionó Adam Smith. Salud y larga y vida. @profesor_F Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UCH.