Recibe sentencia de 9 años y 2 meses por violación agravada quien escapó de audiencia en septiembre de 2017.

Se comprobó que los mensajes en su celular eran falsos y fueron creados para desacreditar a la víctima.



Con tecnología forense, pruebas periciales y derivado de una investigación con argumentos científicos e investigación de gabinete, Alberto Alvídrez Aguilar recibió una sentencia de 9 años y 2 meses de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de quien fuera su ex novia.


Los hechos por los que la autoridad judicial le condenó compurgar una pena de casi una década, describen que en marzo del 2017, el sentenciado se aprovechó del vínculo derivado de una relación afectiva, y condujo a la víctima a un lugar despoblado a la altura de la carretera Aldama-Ojinaga y la violentó sexualmente.


La robusta investigación integrada por Policías, Analistas, Peritos y Ministerios Públicos adscritos a Aldama, arrojó que en seguimiento a la denuncia interpuesta por la víctima por el delito de violación posterior a los hechos anteriormente mencionados, la defensa presentó en los tribunales un mensaje de texto (SMS) en el celular del ahora sentenciado, al tiempo que argumentó, había sido enviado por la víctima.


Con la finalidad de fortalecer su defensa y desacreditar a la víctima, dicho mensaje argumentaba una supuesta amenaza donde se le acusaría por violencia sexual e iría a la policía para que fuera detenido. Sin embargo, durante las indagatorias, personal especializado de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la FGE, examinó los dispositivos tanto de la víctima como del sentenciado, donde se encontraron incongruencias.


“Al revisar los dispositivos, este mensaje no se encontraba en el móvil de la víctima, lo que generó discrepancias que nos llevaron a instrumentar una verificación digital detallada mediante equipo tecnológico para la extracción de datos”, afirman analistas de dicha unidad de la FGE.


El objetivo era localizar archivos o datos que hubieran sido borrados de la memoria por los usuarios y se detectó una aplicación o programa que generaba mensajes de texto o SMS falsos, aunado a que se determinó que el mensaje fue enviado después del crimen.


“La aplicación fue instalada, usada y eliminada del celular momentos después de su descarga, por lo que intentó engañar a las autoridades investigadoras”, dan a conocer los analistas.


La Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro adscrita a Aldama, argumentó que la filtración pública por parte de familiares del sentenciado sobre los supuestos mensajes, con el fin de exhibir y difamar a la víctima generaron revictimización y estigma social por lo que se buscó una reparación del daño no sólo económica sino moral.


Con las pruebas y elementos, la Ministerio Público fundamentó la acción digital del acusado y estas evidencias fueron sustanciales para que el Juez dictara una sentencia de 9 años y 2 meses y se fijara una reparación del daño por 57 mil 600 pesos y otra genérica por daño moral.






FGE