- Por el contrario, hay una reducción de más de 650 millones de pesos; con procesos transparentes de reestructuración, se ha logrado reducir el impago causado por esa carga financiera heredada del anterior gobierno.

En torno al tema de la deuda pública del estado de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda puntualiza que la actual Administración no ha incrementado un solo peso la deuda de largo plazo que heredó del Gobierno anterior, cuyo saldo final no incluyó una serie de conceptos que representaron una pesada carga financiera, como los pasivos con proveedores y con diversas instituciones públicas y privadas.


Todos los créditos bancarios, emisiones de bonos bursátiles y bonos “Cupón cero”, así como la deuda contingente de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) se contrajeron durante la administración 2010 a 2016, cuyo saldo total de a septiembre de 2016 –en el término de dicho período de Gobierno– fue de 47 mil 808.7 millones de pesos, de acuerdo con los informes trimestrales publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Al cierre del 2018, la actual Administración había logrado reducir la deuda de largo plazo en más de 650 millones de pesos, cuyo saldo al cuarto trimestre del año anterior es de 47 mil 151.40.


La cifra de 57 mil millones de pesos que alude la publicación es el resultado de sumar la deuda de largo plazo, los créditos de corto plazo, y el concepto “Otros pasivos”, por una suma de 6 mil 760.3 millones de pesos.


Es impreciso sumar a la deuda total del estado ese concepto, ya que se incluyen cuentas por pagar a corto plazo, entre otras: participaciones a municipios, servicios personales y proveedores, así como el saldo de la cuenta de depósitos en garantía que concentra aquellos depósitos realizados por particulares en relación a procedimientos judiciales pendientes de resolver.


En cuanto a los créditos de corto plazo, cabe mencionar que de acuerdo a la normatividad vigente hasta el año 2016, no se contemplaban en la contabilidad del saldo total de deuda; por esa razón, no se observaban en el saldo de la deuda de la Administración anterior los 92 créditos de corto plazo, contratados entre el 13 de octubre de 2010 y 26 de abril del 2016, por un total de 53 mil 263 millones de pesos.


El pago de intereses de todos los pasivos provenientes del anterior período gubernamental ha representado una pesada carga para la gestión actual, la cual ha tenido que destinar más de 15 mil millones de pesos al pago de amortizaciones e intereses, recursos que se pudieron haber destinado a obras de infraestructura, seguridad pública, saludo o desarrollo económico y social.


A través de procesos abiertos y transparentes, la Secretaría de Hacienda refinanció más de 20 mil millones de pesos de esa deuda, con lo cual se redujo la sobretasa de interés en más de un punto porcentual, lo cual permitió al estado aminorar el impacto del incremento de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIEE) que se ha registrado desde inicios del 2018.


Gracias a ese proceso de refinanciamiento, se obtuvieron ahorros por más de 200 millones de pesos.


Con la autorización del Congreso del Estado, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, logró reducir de manera significativa el costo de 28 mil millones de pesos de deuda de largo plazo, mediante una licitación pública y un proceso abierto y transparente en el que participaron 9 instituciones financieras, las cuales ofrecieron una sobretasa ponderada del 0.56%, mientras que en la actualidad, es de 1.26%.


Con esa reducción, se podrán obtener ahorros en pago de intereses a la banca y a tenedores de bonos bursátiles, para tener recursos que se podrán aplicar en la ejecución de un plan de obras públicas en diversos municipios.


No obstante, para firmar los contratos con las instituciones bancarias y acceder a los beneficios de la reestructuración de la deuda, es necesario esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la acción de inconstitucionalidad 31/19 promovida por 11 diputados del Congreso del Estado que votaron en contra de la reestructuración.