El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer su análisis sobre el proyecto del Tren Maya que impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala en un diagnóstico que el costo de construcción del proyecto del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los 120 o 150 millones de pesos (mdp) que estima el Gobierno federal.

El Imco indica en el documento que el Tren Maya enfrenta desafíos económicos, ambientales y sociales, por lo que la experiencia internacional muestra que, en promedio, los proyectos ferroviarios elevan su costo en 45% sobre lo presupuestado.

Las experiencias a nivel mundial y nacional señalan que, para crear un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias, o que no necesite de subsidios gubernamentales, es necesario que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, señala el instituto.

Al hacer el análisis de los desafíos que enfrentan este tipo de megaproyectos, el Imco destaca como principales, el aforo, la densidad poblacional, la conectividad, el uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios de transporte existentes.

El diagnóstico estima que el costo de construcción del Tren Maya asciende a entre 479,920 mdp y 1 billón 599,767 mdp, un rango de entre cuatro a 10 veces mayor que los 120 a 150,000 mdp estimados por el Gobierno federal.

De acuerdo con la institución, el peor escenario sería aquel en el que la construcción de la ruta ferroviaria no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el Gobierno federal termine subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie.

El medio ambiente también cuenta
En cuanto a las preocupaciones ambientales, el instituto señala que diversos especialistas han manifestado su preocupación en torno a la ruta, la cual cruza una región con una diversidad biológica y cultural única.

La incertidumbre incluye también la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto, el cual tendrá que ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del gobierno para iniciar las obras, señaló la entidad.

El Imco refiere sobre las preocupaciones sociales, que 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo son propiedad social, y señaló que estos predios están compuestos por más de 1,406 núcleos agrarios, de los cuales casi 100% corresponde a ejidos.

Dar una buena imagen
Antes del inicio de la construcción, el gobierno tendrá que cumplir con la obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena, recuerda el Imco.

Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra.

El Instituto consideró que la rentabilidad del proyecto podría aumentar al incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, con lo que el Gobierno podrá gestionar de mejor forma algunos riesgos sociales.

La institución indica que también se deben incorporar actividades distintas al turismo en la planeación de la obra; asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, y obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra.

Aconsejó evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos que puedan generar un mayor beneficio a la sociedad, por ejemplo el Ferrocarril Transístmico.




Fuente: obrasweb.mx