• El Director General del Seguro Social acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar una medida cautelar a fin de que el Instituto pueda seguir brindando servicios y medicamentos a familiares de las niñas y niños afectados.

• Destacó que las autoridades tienen, en el ámbito de su competencia, la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos


El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, aseguró que el IMSS está del lado de las víctimas y los familiares afectados por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009.


Así lo señaló al acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar una medida cautelar a fin de que el Instituto pueda seguir brindando servicios de asistencia, hospitalarios y medicamentos a los familiares de las niñas y niños afectados, en congruencia con la Recomendación 49/2009 que emitió este Organismo, respecto al caso ABC.


En el documento que entregó a la Comisión se señala que todas las autoridades tienen, en el ámbito de su competencia, la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos en los términos que establezca la ley.


Germán Martínez Cázares señaló que solicitó la intervención de la CNDH para garantizar el otorgamiento de medicamentos y servicios a los familiares, sin que los servidores públicos del IMSS que los brinden sean sancionados por las observaciones y trámites que inició la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del Instituto.


El Director General del IMSS aclaró que nunca han sido interrumpidos los servicios de salud a las víctimas directas del incendio, pero sí a los familiares. Por ello, explicó, la necesidad de una intervención urgente por parte de la CNDH a fin de que otorgue una medida cautelar que permita continuar otorgando los servicios a las familias afectadas y garantizar el derecho a la salud y a la no revictimización de quienes fueron afectados en la tragedia.


El documento entregado ante la CNDH señala que: Con el fin de no interrumpir los servicios que los familiares de las víctimas solicitamos la intervención de la CNDH ante las autoridades fiscalizadoras arriba citadas, a fin de que emita la medida cautelar correspondiente a efecto de que se nos permita brindar estos servicios con continuidad, en tanto se atienden satisfactoriamente las observaciones y recomendaciones, sin incurrir así en las responsabilidad, que establecen los artículos 43 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con los artículos 6°, 7° fracciones I, III, V y VI y VII, 57 y 63 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas.