Expertos ven riesgo de que se pierdan espacios ganados en materia de transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información con el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desde hace tiempo, en México hay preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas. Expertos consideran que esas prácticas y el derecho de acceso a la información que tutelan podrían estar en riesgo con el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Sí hay un riesgo de que se puedan perder espacios ya ganados por la sociedad para poder dar un mejor seguimiento a las tareas de gobierno”, advierte Liliana Veloz, académica del Centro de Investigación y México, Fernando Nieto, es preocupante que el presidente electo muestre rechazo a instituciones encargadas de la transparencia y a los órganos autónomos porque, más allá de quiénes las dirigen, son pieza clave en la cultura de rendición de cuentas que se ha construido en México en los últimos años y porque hay una ausencia de esta agenda en la configuración del próximo

La transparencia, a contracorriente

López Obrador se ha referido precisamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —pilar de la política de transparencia— como un organismo cuyos integrantes ganan mucho , pero que “no ha hecho nada”.

El INAI es resultado de años de lucha de organizaciones de la sociedad civil. En 2001, el Grupo Oaxaca, conformado por varios ciudadanos, comenzó una carrera que culminó con la aprobación de una Ley Federal, posteriormente Ley General, con la que hoy todas las dependencias del gobierno están obligadas a informar sobre sus recursos y labor.

Veloz señala que, aunque no se ha cerrado la pinza con el fincamiento de responsabilidades, debe valorarse que el acceso a la información ha contribuido a conocer los escándalos de desvíos de recursos y de corrupción en México.

“Hay una ley que permite conocer todo eso y cómo están ejerciendo los recursos y dónde hay irregularidades. Hay que defender esos espacios y ahí la sociedad civil se vuelve clave para no perder lo que ha ganado”, afirma la experta del CIDE.

Contra la autonomía e independencia
No es solo este caso. López Obrador también se ha lanzado contra otras instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE), e impulsa una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública con la que algunos temen que se reste autonomía a esos órganos y se concentre el poder en la presidencia.

“Hemos construido instituciones y lo que (AMLO) está haciendo es una forma muy sutil de mandar al diablo a las instituciones. Está poniendo al hombre por encima de las instituciones”, considera la diputada Adriana Dávila, del PAN.


El mensaje que estamos recibiendo aquí es: muera la autonomía". Adriana Dávila, diputada del PAN.
Entre los cambios que propone la iniciativa de reforma está que la Consejería Jurídica de la Presidencia o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) designen a los titulares de las controlarías jurídicas y de las oficialías, lo que centralizaría en el Ejecutivo el poder y la facultad de fiscalización.

“La señal que nos dan con las reformas a la Ley Orgánica es que este modelo no les interesa, que prefieren un modelo más vertical, donde las decisiones de los órganos estén subordinadas”, interpreta Fernando Nieto.

¿Qué pasa con los contrapesos y quién vigilará las decisiones?
Los expertos ven otro riesgo: el de la falta de información sobre las decisiones que se están tomando, pues la administración electa no explica cuáles son sus motivos, por ejemplo, para desaparecer secretarías o reducir la burocracia.

Para Nieto, debería haber un diagnóstico de cuánto se gasta o por qué se tendría que gastar en algunas áreas según las funciones que realiza y, a partir de él, tomar decisiones.

“Se están tomando decisiones, pero no hay información, no sabemos qué las respalda y eso me preocupa porque puede ser un riesgo de uso arbitrario de poder”, afirma.

Por otro lado, hay muchas cosas que no funcionan bien o aún no se consolidan en el país, como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconoce Liliana Veloz, pero no por ello es buena idea desaparecer órganos que se crearon como contrapesos, para garantizar que el gobierno tome buenas decisiones y como mecanismos de rendición de cuentas.

“Creo que aquí las organizaciones de la sociedad civil pueden tener un papel muy importante (…) para ir a la entraña y a la revisión profunda, desde otro lente del quehacer gubernamental (...) Que tanto la academia como la sociedad civil se organicen para hacer un bloque que pueda elevar la voz y exigir que los espacios ganados no se pierdan”, evalúa.



Fuente: adnpolitico.com