-- El límite de cinco gramos por persona sigue vigente, advierte el secretario general de Gobierno; responde a Navarrete Prida: “son ellos quienes politizaron a las instituciones de justicia”.

La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al consumo la mariguana, no altera la legislación vigente que establece una portación de hasta cinco gramos, pues una cantidad superior significa incurrir en un delito, afirmó el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles.


En rueda de prensa con representantes de los medios de comunicación, explicó que sobrepasar dicha cantidad, puede considerarse por las autoridades como narcotráfico, narcomenudeo, o puede implicar acusaciones por expedición y distribución de la droga.


La jurisprudencia que estableció la SCJN, es una obligación que solo aplica a los jueces cuando se presente un amparo para el uso del enervante con fines lúdicos, pero no obliga a las legislaturas a modificar sus leyes para despenalizarla por completo, agregó.


“Los representantes populares, federales o locales, no están al servicio de las determinaciones de la Corte”, sostuvo el funcionario.


Advirtió que la jurisprudencia de la Corte es relativa, esto es, que solo aplica en favor de quien promovió el amparo. Sin embargo, aquella persona que se someta a una jurisdicción de un tribunal federal, puede resentir ya sin análisis, porque la jurisprudencia obliga a los jueces a acatarla, a obtener un beneficio favorable, dijo.


En la actualidad, el debate en torno al consumo de drogas se ha dado en términos de seguridad y no de salud pública, por eso es necesario se dé una socialización del tema, con plenitud de información, antes de que se llegue a tomar una determinación de cambiar la legislación, subrayó.


RESPONDE A NAVARRETE PRIDA: SON ELLOS QUIENES POLITIZARON A LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA


Jáuregui Robles respondió a las acusaciones hechas por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, al gobierno de Chihuahua, al que señaló de querer “politizar la justicia”.


“Son ellos quienes con sus actos, con sus tropelías, con la corrupción, con lo que temen que se les pueda venir encima, podrán llevar a cabo una defensa desde las propias autoridades, lo cual es indebido”, indicó.


Dijo que el gobierno federal “disfrazó” con una Controversia Constitucional lo que en realidad era una solicitud de amparo para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.


“Un presidente de la República que fue la figura emblemática de un poder omnímodo y prepotente, abusivo, arbitrario; hoy se muestra en todo su esplendor con la solicitud de un amparo disfrazado de Controversia”.


“Hasta el último momento pretenden utilizar a las instituciones, para llevar a cabo propósitos totalmente particulares”, denunció.