**Una verdadera expedición punitiva con fuerzas armadas y funcionarios municipales y estatales, se dirigirá al rancho Mesa de la Ciénega, para despojar, de manera por demás ilegal y arbitraria, a una indígena de su patrimonio, por el solo hecho de que sus enemigos son partidarios del presidente municipal.

Mañana martes 16 de octubre por la mañana, partirá desde la Presidencia Municipal de Nonoava, con rumbo al rancho Mesa de la Ciénega, una caravana encabezada por el presidente municipal, José Refugio Monge Quezada, y que incluirá a un destacamento de la Policía Estatal, a toda la Policía Municipal, a la Subagente del Ministerio Público, a un representante de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI), a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Dirección de Fomento Agropecuario, del Departamento Jurídico de Desarrollo Rural, a un perito agrimensor, y a los integrantes de dos familias a las que esta caravana va a “defender”. Así lo han anunciado ya sus organizadores, de manera pública, y la expedición ya se espera con temor, porque los ciudadanos temen que en nada contribuirá a la paz y la armonía en el municipio.


¿Cuál es el propósito de esta caravana que, de entrada, se antoja amenazante y hasta absurda por la variedad de sus integrantes?


Todos ellos, que en su momento habrán de contarse en por lo menos una treintena y media de personas, van a acudir a “medir” una superficie de alrededor de 698 hectáreas que están en posesión de la señora María Casimira Morirachi Moro, quien cuenta con una escritura que data de mediados de los años setenta del siglo pasado y que su padre le transfirió como herencia.


Medirán esta tierra y, con documentos fraudulentos, originados en un juicio testamentario “a modo” que ellos mismos se inventaron, porque ningún Juzgado se prestó a semejante atrocidad, los primos de la afectada se van a apoderar en ese momento de la tierra.


Apoyados, claro, por toda la parafernalia armada por José Refugio Monge Quezada y sus relaciones en otras instancias del poder.


Pero hay que responder algunas preguntas acerca de esta peligrosa embestida, de esta agresión alevosa que se gestó en las entrañas del grupo caciquil que reina en Nonoava y que ahora, con la anunciada intervención de diversas instancias del gobierno, es una preocupación que mantiene en zozobra a los habitantes de este municipio que no votaron por el actual alcalde, quienes nada más se preguntan: “¿Y a mí, cuándo me va a tocar?”


Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué tanta saña? ¿Por qué, en vez de estar preocupados en llevar obra pública y servicios a los ciudadanos, se emplean tantos recursos y tanto tiempo en este tipo de agresiones?


Entre los ranchos Ciénega de la Mesa, Arroyo Hondo y Madera, se contabiliza una superficie de poco más de 2 mil hectáreas que se encuentran intestadas porque, en la primera mitad del siglo XX, era todo propiedad del abuelo de quienes se disputan hoy la tierra. El hombre, el propietario original, cuando murió, dejó la propiedad intestada a sus tres hijos, quienes, con excepción del padre de María Casimira Morirachi, llegó a un acuerdo con sus hermanos para que uno de ellos le vendiera su parte y, junto con una fracción de la suya propia, se hiciera una escritura que se protocolizó en mutuo acuerdo de los hermanos -quienes estamparon su firma- en una Notaría Pública en la cabecera distrital, Ciudad Cuauhtémoc, y que quedó formalizada en una Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y que ampara 698 hectáreas. El hombre, en un momento de su vida, cedió, también de manera formal, estas 698 hectáreas a su hija María Casimira.


El resto de la propiedad originaria, 2,000 hectáreas y un poquito más, se encuentra en calidad de intestada.


Fallecidos desde hace tiempo los tres herederos, son ahora sus hijos quienes deberían estar empeñados en ponerse de acuerdo para dividir entre tres la tierra, mediante acuerdo mutuo y conforme a las reglas que dicta la ley. Pero no. Lejos de proceder con derechura, los primos de María Casimira tienen puestos los ojos no en la fracción que les habría de tocar legalmente, sino en las 2 mil hectáreas completas, pero además, siempre han ambicionado apoderarse también de las 698 hectáreas de su prima, que se encuentran legalmente fuera del intestado.


Así, los ambiciosos primos acudieron al candidato a la Presidencia Municipal, el alcalde con licencia que buscaba su reelección, José Refugio Monge Quezada, para pedirle “apoyo” y poder despojar a su prima; y éste, emcampañado y viendo alguna ventaja en la operación, prometió que, nada más entrando de nuevo a la Presidencia, iba a conseguirles los “apoyos” que le estaban pidiendo sus nuevos aliados electorales. Y así lo hizo.


Por lo que toca a María Casimira, a ella le llegan las amenazas por medio del vaquero que tiene contratado y que le cuida la propiedad. Al rancho Mesa de la Ciénega han llegado los primos a apedrear y destrozar una camioneta, a destrozar también la casa, a quebrarle una pata a un caballo, a romper la cerca y, además de amenazas de muerte y otras linduras, le dejan recados a su prima en el sentido de que “en tal fecha” van a ir a sacar al vaquero, que “le van a ir a sacar las vacas del rancho”, etcétera. Lo más escalofriante ha sido la intervención de la Secretaría de Desarrollo Rural y su Dirección de Desarrollo Agropecuario que, en palabras de la Subdelegada del Ministerio Público, “van a venir a dividir la propiedad, incluyendo la que tiene usted y que tiene una escritura que no vale”. Hubo un primer citatorio con fecha del 5 de agosto pasado para “medir” y “dividir” la propiedad. Otra segunda para el 18 de agosto, pero a María Casimira y a su familia los dejaron plantados. Algo anda muy mal, pensaron los afectados.


Algo anda muy mal, en efecto, porque en materia de división de bienes rústicos intestados, nada tiene que hacer el presidente municipal, que no es autoridad en la materia. La Secretaría de Desarrollo Rural y sus diversas dependencias, incluido su Departamento Jurídico (que también aparece en este enredo “defendiendo” parcialmente a los agresores), tampoco son instancias que tengan la menor injerencia legal en juicios testamentarios. Ni la antigua Coordinadora Estatal de la Tarahumara (renombrada ahora como COEPI), que aparece en el ajo “defendiendo los derechos de los indígenas”, como si la afectada y agredida no fuera indígena también, tampoco tiene ninguna jurisdicción legal de tipo alguno. ¿Y qué decir de la Subagente del Ministerio Público, cuyas tareas no deberían consistir –por lo menos hasta que se demuestre que cambió la ley y cambiaron los reglamentos que rigen sus labores- en servir de mensajera del grupo caciquil local y de esparcidora de chismes?


Los afectados, María Casimira Morirachi Mori y su familia, están solicitando la intervención oportuna y justiciera del gobernador Javier Corral Jurado, para que meta orden, y para que detenga la embestida que se prepara en su contra por medio de esta increíble y atemorizante “expedición punitiva” que, a la manera de la que armaron en su tiempo los gringos para perseguir y capturar a Francisco Villa mediante la invasión del territorio nacional, se usará ahora para perseguir y cercar a una mujer indefensa que lo único que desea es que se realice conforme a derecho la partición legal del intestado y que ahora teme que se le invada su tierra que posee ella aparte de la tierra en litigio y que se le despoje de todo mediante el uso faccioso e ilegal de la fuerza pública y del uso también ilegal de funcionarios estatales que, como se sabe, no son autoridad en materia de partición de propiedades.