--Expositores del ENAC2018 destacan el "Caso Chihuahua", como un ejemplo nacional de combate a la impunidad.

La Operación Justicia para Chihuahua continúa investigando a las más altas esferas del poder estatal involucrados en actos de corrupción, y posteriormente irá por los otros implicados en los niveles inferiores, pero a todos les habrá de llegar la hora de enfrentar la justicia, advirtió el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel.


Durante su participación en la mesa panel “Redes de corrupción. El caso Chihuahua”, del Encuentro Nacional Anticorrupción 2018, el encargado de la procuración de justicia en el estado afirmó que todos los actos del Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la anterior administración son sólidos y bien estructurados.


La mesa, coordinada por el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, reunió también como ponentes a María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de la organización “México Evalúa”; José Antonio Caballero, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y al abogado Paulo Díez.


Como primer expositor, el Fiscal General afirmó que, contrario a lo que sostienen algunos, “los casos no se basan en testigos protegidos, sino en expedientes que acreditan los actos corrupción con pruebas documentales, como contratos, transferencias de dinero; documentos que acreditan los desvíos de recursos y, desde luego, la existencia de contratos no cumplidos o simulados”.


Ante académicos y representantes de organizaciones y 28 gobiernos estatales de todos el país, reunidos en el Museo Casa Chihuahua, Peniche Espejel subrayó que el trabajo realizado por la Secretaría de la Función Pública del Estado; por la Consejería Jurídica y por la Fiscalía General del Estado, se traduce en la obtención de 44 órdenes de aprehensión relacionadas con actos de corrupción ocurridos durante el sexenio pasado.


Además, hay 47 vinculaciones a proceso penal; siete sentencias condenatorias, otra más, del ámbito federal; 16 solicitudes de extradición en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez y 52 inmuebles asegurados.


“El trabajo continúa, la corrupción fue mucha y muchos los casos, pero hay un gran número de carpetas en trámite, y muchas personas sujetas a una investigación que en su momento serán llamadas a rendir cuentas”, agregó.


En ese sentido, se refirió a la investigación en torno a la llamada “Operación Zafiro”, que consistió en el desvío de recursos de los estados para financiar campañas de un partido político, en la cual se detectó, que se aplicó en al menos siete entidades federativa, pero sólo se persiguió en Chihuahua.


“La pregunta es ¿por qué no se han iniciado las carpetas de investigación? ¿Será acaso la conformidad con el pacto de impunidad?”, expresó.


Hizo además, una exposición al detalle, del conflicto que enfrentó el Gobierno de Chihuahua con la Federación por haber aprehendido al ex secretario general adjunto del PRI nacional, y las consecuencias jurídicas, políticas y financieras que pagó el Estado.


Luego, describió lo ocurrido durante la anterior gestión gubernamental, donde imperó una especie de convencimiento de que estaban actuando de manera correcta, hasta normal, donde robar era la regla, “la corrupción seguía en todos los niveles y dependencias, desde el titular del gobierno estatal hasta servidores públicos menores”.


La actual administración continuará con la integración de expedientes, advirtió.


“Esperamos que se replique lo de Chihuahua en otros estados y desde luego, próximamente, en la Federación”, añadió.


Posteriormente, tuvo participación la coordinadora del programa de justicia de la organización “México Evalúa”, María Novoa, quien destacó el papel que ha jugado Chihuahua en la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio, el cual se instauró en el año 2006, lo que propició que hubiera una gran capacidad de los operadores para integrar las causas penales contra el exgobernador César Duarte.


“Cuando vimos la red delictiva para el desvío de los recursos públicos que hizo el exgobernador Duarte, vimos que había dos noticias: una buena y una mala”, comentó.


La primera, explicó, era que había al menos tres factores que fomentaban la impunidad, como la falta de voluntad para perseguir los actos de corrupción; el diseño normativo, donde hay grandes espacios de impunidad, y la debilidad institucional.


La buena noticia fue que Chihuahua sí logró aplicar el sistema de justicia acusatorio para perseguir actos de corrupción.


“Es un caso excepcional, que queda como ejemplo de que sí se puede, a través del sistema penal acusatorio, porque lograron usar herramientas para perseguir la corrupción”, señaló.


En ese sentido, destacó el hecho de que, mediante ese sistema, se pudo propiciar la participación de testigos, datos grabados y hacer revisiones financieras, entre otros elementos que permitieron detectar la red de corrupción, así como la red de protección: desde medios de comunicación hasta empresarios y sociedad civil.


Posteriormente, el abogado José Antonio Caballero, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), se refirió al caso de la detención de Alejandro Gutiérrez, para ejemplificar la complejidad de las redes de corrupción.


En primer término, indicó, lo normal es que un juez de distrito se declare incompetente cuando se trata de asuntos de carácter local, como era el caso del desvío de recursos del gobierno de Chihuahua.


Sin embargo, explico, llama la atención que un juez federal estuviera tan interesado en conocer del caso, pese a que había antecedentes para sustentar que el Gobierno de Chihuahua era el afectado por ese ilícito, ya que se trataba de desvío de recursos estatales.


“Chihuahua ha hecho un esfuerzo sin precedentes. El, no pasa nada, ya no existe”, recalcó.