Existen regulaciones perversas para entorpecer el buen camino de las instituciones que son creadas de buena fe, además de que diversas comisiones o comités,

tienen como acuerdo mantener el estatus quo que prevalece en muchas de las áreas del quehacer público, denunció la presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel A.C), Irene Levy Mustri.


Levy Mustri participó en el panel “Competencia, Regulación y Corrupción” del Encuentro Nacional Anticorrupción, junto a José Roldán y Alejandra Palacios.


La especialista señaló que tanto en el sector público como en el privado, existen incentivos naturales para preservar el monopolio de la regulación y de la toma de decisiones en esta materia.


Planteó un modelo de gobernanza con énfasis en la participación de Estándares Profesionales de Inversión Global, como una opción para contribuir a combatir este monopolio y dijo que el modelo actual presenta limitaciones a la participación efectiva.


El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), Adrián Franco, indicó que más de las mitad de las unidades económicas de las empresas de todo tamaño y de todo sector en el país, sienten o experimentaron que la carga que los gobiernos les imponen en materia regulatoria, siempre es peor que el año anterior o es una carga muy superior a la cual hay que atender.


El funcionario fue moderador en el panel y dijo, en la introducción, que los conceptos de competencia, regulación y corrupción tienen que ver con las reglas del juego para las compañías.


Precisó que 115 mil millones de pesos es el costo anual de las empresas para atender los trámites y servicios que tienen que realizar ante los diversos órdenes de Gobierno.


Destacó que una de cada cuatro empresas enfrenta un problema cuando acude el Gobierno a cumplir con sus responsabilidades.


Compartió que cerca de 40 por ciento de las empresas de tamaño mediano enfrentan algún acto de corrupción y que en el país, más del 50 por ciento de las empresas asimilan, que tienen que asumir algún costo de tipo organizacional para atender las reglas.


El doctor José Roldán, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señaló que la corrupción es un acto sancionado por la Ley de Competencia Económica y por la Ley de Servidores Públicos, además de que debiera ser sancionado por las leyes de las entidades federativas.


Lamentó que, en ocasiones, los actos de corrupción implican una ganancia para quienes la realizan, incluso después de pagar la sanción que la ley les impone por el ilícito cometido.


Planteó la posibilidad de sancionar dos veces a las empresas que entren en colusión con los funcionarios públicos, porque una ley protege la competencia leal y otra el cuidado de los recursos públicos de las instancias gubernamentales.


Comentó que se requiere reconocer la calidad de víctima a cualquier ciudadano que denuncia los actos de corrupción.


En su exposición, Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece), dio a conocer que se destinaron 585 mil millones de pesos de contratación pública en 2017, cifra que probablemente sea superior a la que se necesita pero que, ese monto se alcanza, probablemente por actos de corrupción.


Explicó que la corrupción entre funcionarios y empresas se da por dos vías, cuando se dirigen recursos y cuando hay colusión a la hora de simular las licitaciones.


Dijo que una de las principales demandas de los mexicanos es el combate frontal a la corrupción, por lo cual se debe buscar una mejora en las leyes, para que se desaliente la corrupción entre ambas partes.


Manifestó que el diseño de la licitación debe mejorar y destacó que en ocasiones existe deficiencia del funcionario y en otras está mal hecho exprofeso para buscar una dirección en la obra o servicio a licitar.


Explicó a los presentes que la Cofece creó la “Agenda de competencia para el ejercicio íntegro en las contrataciones públicas”, documento que plantea acciones concretas para establecer regulaciones e incentivos que favorezcan el diseño y ejecución de procedimientos de adquisición competidos.


Alejandra Palacios, comentó brevemente, los aspectos que se incluyen en esta Agenda: a) la colusión puede ocurrir desde la investigación de mercado, b) el diseño de la licitación es el mejor medio para promover la concurrencia y la competencia, c) los métodos de excepción a la licitación pública limitan la competencia y son susceptibles a la colusión, d) la subcontratación puede utilizarse como mecanismo de colusión y e) las empresas de un mismo grupo de interés económico pueden simular competencia.


Por último, hizo un llamado a la Secretaría de la Función Pública para que analice los casos donde se presume una colusión entre los funcionarios y las empresas.