En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público su informe sobre su visita a México realizada del 8 al 17 de noviembre de 2017. La visita tuvo el doble objetivo de examinar la implementación de las recomendaciones hechas por el anterior Relator Especial tras su visita al país en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.

En el informe, la experta muestra las principales problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas de México en los Estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Ciudad de México. Tauli-Corpuz señala que, a pesar de los compromisos contraídos por México, en materia de derechos humanos desde el año 2003, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos.


En el Estado de Chihuahua, en particular en la Sierra Tarahumara, señala que numerosas comunidades rarámuri y ódami han emprendido procesos legales ante autoridades agrarias, que se prolongan por años y hasta décadas, para obtener el reconocimiento de sus tierras.


Estos procesos han sido acompañados por diversas organizaciones de la sociedad civil, como Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria, Awé Tibúame y Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, las cuales integran la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara.


Al respecto, el informe señala que el proyecto turístico Barrancas del Cobre ha impactado gravemente sobre los territorios, recursos naturales, ambiente y salud de comunidades rarámuri en Chihuahua. Descargas residuales y basura de los hoteles han contaminado las fuentes de agua, y perjudicado la salud de niños y adultos rarámuri. Varias comunidades interpusieron demandas alegando la falta de consulta en los tribunales al respecto, así como contra la construcción de un gasoducto en esa misma región. La Suprema Corte de Justicia ha ordenado varias medidas de reparación y beneficios para las comunidades afectadas.


En la comunidad rarámuri de Choréachi, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales para proteger la vida e integridad de los miembros de la comunidad debido a los asesinatos y amenazas contra la comunidad. La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad de El Manzano cuyos miembros sufrieron actos de violencia y desplazamiento.


En cada región visitada, preocupó a la Relatora Especial el gran número de denuncias detalladas de casos individuales relativos a la extremadamente grave situación de violencia que sufren los pueblos indígenas debido a disputas sobre sus territorios, ante la falta de un reconocimiento adecuado, a la expansión de proyectos de desarrollo y a la presencia del crimen organizado. A estos factores se suman la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la criminalización que enfrentan los indígenas.


En Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades.


En Chihuahua y Guerrero, preocupa el reclutamiento forzoso de niños y jóvenes por parte del crimen organizado dada la ausencia de políticas de prevención por parte del Estado y de oportunidades económicas.


En Chihuahua y Chiapas, se informó sobre el creciente número de asentamientos en las ciudades conformados por indígenas desplazados, que exigen políticas diferenciadas.


El presente informe será presentado por la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz, en el 39° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizará del 10 al 28 de septiembre del presente año.