Reducir el IVA en la frontera norte, controlar el precio de las gasolinas y recortar plazas y salarios de altos funcionarios públicos son algunos de los objetivos que busca el futuro gobierno, pero que significarán costos fiscales.

Estos costos o pérdidas en la recaudación pueden llevar a la próxima administración a incurrir en mayor deuda pública, romper con el objetivo de un superávit primario y reforzar la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideran especialistas en materia fiscal consultados por Expansión.

Este panorama es posible considerando que además de estos incentivos en materia fiscal, hay objetivos que deberán reflejarse en el presupuesto de egresos 2019, como los programas de becas a jóvenes estudiantes, pensión universal a adultos de la tercera edad, y la rehabilitación de refinerías, explicó Carlos Cárdenas, asesor fiscal y expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

También hay que tomar en cuenta las promesas de no aumentar impuestos federales, la previsión de que el próximo año Hacienda no recibirá remantes del Banco de México , y que habrá un mayor gasto por el costo financiero de la deuda, explicó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Cuestión de cifras

“Las medidas de austeridad son plausibles en términos de recortar gastos ostentosos, superfluos, reducir programas y plazas duplicadas, no obstante un recorte de salarios y de plazas como el que se plantea nos llevaría en primera instancia a menor recaudación por ISR a nóminas”, explicó Herbert Bettiger, socio director de Bettinger Asesores.

Además, considerando que los trabajadores que queden fuera frenarán su consumo, habría una menor recaudación por impuestos como el IVA y el IEPS, agregó Bettinger.

El virtual presidente electo plantea reducir 70% el número de servidores públicos de confianza.

De iniciar con estos recortes, sólo en dependencias del gobierno federal se eliminarían 48,619 plazas. Si consideramos las que se recortarían en todo el sector público (gobierno federal, más órganos autónomos, empresas del Estado, IMSS e ISSSTE) serían en total 180,600 plazas menos a lo largo del sexenio.

Este total, representa el 10% de todas las personas físicas registradas en el padrón del SAT que trabajan en actividades de gobierno. En promedio, a las personas que ganan entre 108,000 pesos y hasta un millón de pesos al año, les descuentan desde 15,240 pesos, hasta 276,612 pesos al año de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En tanto, la promesa de bajar el IVA en frontera de 16% a 8%, significaría un costo fiscal por arriba de los 16,000 mdp, que es lo que el gobierno dejaba de percibir en 2014, cuando existía este estímulo fiscal, refieren cifras de Hacienda.

No obstante, estas pérdidas o costos fiscales podrían verse compensados con un repunte en el consumo en esta zona, además de que los apoyos económicos que prevé brindar el gobierno estimularían el consumo, considera Fitch Solutions, el área de análisis económico de Fitch Group.

Adicional al IVA, hay otra propuesta con costos fiscales; el estímulo fiscal que dará el próximo gobierno a las gasolinas para controlar que el precio no suba más allá del índice de inflación, como prometió el entonces candidato López Obrador, y confirmó Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, después de los resultados de las elecciones.

Para ello, Hacienda seguirá ajustando el cobro del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) federal a gasolinas, como lo hace el actual gobierno. Esta estrategia le significó pérdidas al erario por 68,000 mdp en 2017, y en 2018 se prevé una pérdida por arriba de los 100,000 mdp.

¿Cómo compensar?

“Sin duda, diseñar el presupuesto con estas presiones no será sencillo, por lo que se tendrían que reforzar acciones para combatir la informalidad, y reforzar las acciones para la fiscalización”, consideró Bettinger.

En tanto, Carlos Cárdenas agregó que otra buena opción sería que los municipios sí cobren impuestos como el predial, “para eso no se necesitarían hacer reformas o grandes cambios, simplemente aplicar la ley”, dijo.

De acuerdo con la think tank Gesoc, si los municipios cobraran efectivamente el predial y el servicio del agua, se recaudaría 3% del PIB, pero en la actualidad por esos dos conceptos sólo se recauda el 0.5% del PIB.