El Gobierno del Estado de Chihuahua reprueba de manera enérgica la práctica de separación de niños, niñas y adolescentes en la frontera como parte de la política de “cero tolerancia” aplicada por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

La situación es alarmante debido a que:

a) Hasta el jueves pasado, 11 mil 432 niños migrantes están bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

b) Las cifras del Departamento de Seguridad Interna (DHS) indican que en el periodo del 9 de mayo al 5 de junio de 2018, funcionarios estadounidenses ya han separado a 2 mil 342 niños de sus familiares en la frontera con México.

c) Estos números significan que Estados Unidos separa, en promedio, unos 70 niños por día en su campaña para disuadir la inmigración clandestina hacia territorio estadounidense.

d) Las separaciones están afectando no solamente a los niños que están cruzando la frontera acompañados de sus familiares, sino también a aquellos que llegan a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países, a aquéllos que arriban sin compañía esperando ser entregados a sus familiares quienes ya radican en territorio norteamericano. Los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante la incertidumbre sobre su futuro.

e) Cuando los niños y niñas son capturados y separados de sus familiares, la Patrulla Fronteriza los lleva a instalaciones de “seguridad” en las que se les pone en una especie de jaulas enormes, donde se les proporcionan mantas térmicas para cubrirse y duermen todos juntos. Permanecen ahí hasta que se determina su situación y posterior acomodo.

f) El riesgo se incrementa si las autoridades no se hacen responsables de la seguridad de los menores. Por ejemplo, el pasado mes de mayo, se documentó el extravío de 1 mil 475 menores por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta oficina declaró no tener información sobre el destino de estos menores, por lo que se presume que pudieron haber caído en manos de traficantes de personas o del crimen organizado.

g) A los padres de quienes son separados se les criminaliza, ya que bajo la política de “cero tolerancia” se están tratando ahora todos los casos de ingreso ilegal como causas penales, y si son declarados culpables por el delito del cruce ilegal, los migrantes permanecerán en prisión hasta por seis meses. Ingresos ilegales posteriores constituirán un delito grave que se castigará con una pena de hasta dos años de cárcel.

h) En este punto, no queda claro con qué facilidad las personas inmigrantes que sean declaradas culpables podrán reunirse con sus hijos.

i) De esta manera se violenta el derecho a la Unidad Familiar, el cual debe prevalecer independientemente del estatus migratorio del menor o de sus padres.

Evidentemente, esta situación es preocupante ya que la separación podría tener efectos a largo plazo y devastadores en los niños pequeños, que es probable que desarrollen lo que se llama estrés tóxico en el cerebro una vez separados de los cuidadores o padres en quienes confiaban. Interrumpe el desarrollo cerebral de un niño y aumenta los niveles de hormonas de lucha o huida en sus cuerpos.

Es urgente que el gobierno mexicano plantee acciones al respecto. Difundir la información más allá de lo mediático es un primer paso.

Se debe recurrir a instancias regionales e internacionales de protección de derechos humanos y promover estrategias de protección en los consulados.

También es indispensable que la situación se ponga en el centro de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos.