La compra de votos en las elecciones de este año es una práctica a la que están recurriendo todos los partidos, que llegan a ofrecer entre 200 y 5,000 pesos por sufragio, advierte un análisis de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

Según la agrupación, las fuerzas políticas más inclinadas a esto son aquellas que ocupan el poder y, desde finales de marzo pasado —cuando iniciaron las campañas— hasta la fecha, se han documentado 151 casos en 25 entidades.

De ese total, 18% de los casos corresponde a reparto de recursos públicos a cambio de credenciales de elector, mientras el resto abarca coacción del voto con la entrega de despensas, el condicionamiento del programa federal Prospera y el reparto de tarjetas con la promesa de beneficios económicos.

Los datos fueron dados a conocer este miércoles en una rueda de prensa, en la que se presentaron los resultados preliminares del análisis de ACFP. A la par, se presentó la plataforma Democracia Sin Pobreza, en la que se puede consultar en qué entidades se ha detectado esta práctica y reportar irregularidades.

En la presentación, el coordinador de la organización, Alberto Serdán, y el exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo coincidieron en que la información que se ha recabado apunta a que el PRI, el partido en el gobierno federal, echará mano de todos los programas sociales para presionar a los electores a que voten a favor de su candidato presidencial, José Antonio Meade.

Cuando han sido cuestionados sobre señalamientos en ese sentido, los dirigentes del PRI han negado actuar fuera del marco legal.

El sospechoso aumento en el gasto social
Otra situación que la organización ha detectado es el aumento de los recursos destinados a programas sociales en el primer trimestre del año, en el que los ciudadanos votarán para renovar más de 3,000 cargos públicos.

En el caso de Prospera, se registra incremento de 36.6%, al pasar de 14.3 millones de pesos asignados en el primer trimestre de 2017 a a 19.5 millones en el mismo periodo de 2018. Lo mismo ocurre con el Programa de Empleo Temporal, que tuvo un alza de 1,481% (de 60.7 millones de pesos a 956.6 millones).

“Se están condicionando los programas sociales y esto puede generar una movilización de votantes. Por poner un ejemplo: en Michoacán, 26% de las personas recibe el programa social de Prospera, imagínense una movilización del 26% de los votantes en Michoacán. Eso finalmente podría definir la elección”, dijo el exfiscal Nieto.

Agregó que, según su experiencia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), es en localidades marginadas como Oaxaca, Chiapas y la Sierra Norte de Puebla donde hay más presión para los beneficiarios de programas.

En cuanto a la compra de votos, señalaron que se da más en Atlacomulco, Estado de México, la entidad donde más se paga por una credencial de elector.

“Este es un fenómeno que se está repitiendo y que no ayuda a combatir la pobreza, sino a actos ilegales e inmorales”, dijo Serdán, quien consideró que estas prácticas serán más frecuentes conforme se acerque el día de la elección.

“Es muy grave que en un país con más de la mitad de sus habitantes viviendo en pobreza (50.3%) se use el dinero de forma ilegal para comprar votos”, sostuvo.

Fuente: adnpolitico.com