Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno de César Duarte, sumó otra imputación por desvío de recursos.

Con esta nueva formulación, bajo la causa penal 2159/2017, el ex funcionario acumula seis procesos penales en su contra.

La Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusó de peculado de 12 millones de pesos del erario, a través de la simulación de contratos.

Por las otras cinco causas penales se encuentra vinculado a proceso con medidas cautelares de prisión preventiva, en el Cereso Estatal 1, en el Municipio de Aquiles Serdán, contiguo a Chihuahua.

Durante la gestión de Duarte, además de desempeñarse como Director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, era presidente del Comité de Adquisiciones.
"En la incriminación formulada por el Ministerio Público durante la audiencia celebrada la mañana de este martes ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, se estableció que con los cargos que ostentaba, el imputado tuvo las facultades para incidir en el destino de los recursos públicos", indicó la Fiscalía.

El delito de peculado que se le atribuye lo cometió entre mayo de 2015 y abril de 2016, en coordinación con diversos funcionarios y personas externas a la Administración, previo reparto de funciones.

El desvío de recursos públicos por la cantidad de 12 millones de pesos se realizó a través de la simulación de un proceso de contratación de servicios profesionales para el análisis, evaluación y asesoría técnica especializada para el monitoreo de imagen.

"Para ello se fingió un dictamen de excepción a la licitación pública y una adjudicación directa a la empresa Hinfra S.A de C.V., cuyos contratos fueron firmados por Antonio Enrique T. G., y pagados en dos exhibiciones, la primera efectuada el 9 de octubre de 2015, a través de BBVA Bancomer, y el segundo, el 13 de abril de 2016, en el banco Santander", detalló la FGE.

Se dio a conocer que el próximo lunes 28 de mayo se efectuará la audiencia de vinculación a proceso en la que el Juez de Control definirá la situación jurídica del imputado por estos nuevos cargos en su contra.