Estimados paisanos y paisanos de Chihuahua:

La resolución del juez federal, Gerardo Moreno García, en la que pretende quitar la competencia del Estado de Chihuahua, para seguir conociendo del caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, y de Enrique Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte, es contraria a Derecho; está forzada en sus argumentos y carece de fundamentación y motivación.

Quiero decirlo con toda claridad: ésta resolución del juez es la continuación de una maniobra orquestada por las autoridades federales para desactivar las investigaciones que el Estado de Chihuahua ha emprendido y que han exhibido el modus operandi de la corrupción política y el pacto de impunidad que la protege.

El Gobierno del Estado de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado interpondrán los recursos legales que correspondan para defender la competencia estatal, combatir esta estrategia de impunidad del gobierno federal y sobre todo, oponernos a la pretensión de quitarle el carácter de ofendido del delito al pueblo de Chihuahua, para darle esa condición a la Federación, que hasta la fecha no ha hecho nada, ni tiene interés por hacerlo, en perseguir y combatir la corrupción en el país, y menos con el caso de César Duarte, al que siguen protegiendo.

Quiero informarles que el Gobierno de Chihuahua posee información fidedigna y privilegiada, de que, desde la Procuraduría General de la República se organizó previamente la estrategia, y en una reunión se instruyó a los Ministerios Públicos federales, para que se llevara a cabo la audiencia “a como diera lugar” para “lograr jalar el asunto”.

En esta reunión participaron altos funcionarios, incluido un Subprocurador, según personal de la propia dependencia. O sea, los ministerios públicos federales actuando como coadyuvantes en la defensa de Alejandro Gutiérrez y Antonio Tarín, éste último quien comparte la defensa con el prófugo de la justicia César Duarte Jáquez.

El concierto entre los abogados de la defensa y la propia Procuraduría General de la República, es evidente en la sincronía de los escritos y en las etapas procesales.

De última hora, en el Poder Judicial, decidieron hacer un cambio del Juez que originalmente debería conocer del asunto, este era Marco Antonio Fuerte Tapia, y en su lugar pusieron al Juez Gerardo Moreno García, quién casualmente es el mismo que está tramitando el proceso en contra de Javier Duarte, el de Veracruz, a quien le ha venido descargando de acusaciones.

La Procuraduría General de la República, muestra una inusitada actividad encaminada a arrebatar al Estado de Chihuahua, aquellos asuntos judiciales y en investigación, que han evidenciado la existencia de una corrupción sistemática en donde pudieran existir personas ligadas al más alto nivel del gobierno de la República.

Ahora el Juez Gerardo Moreno García, dice que como los 246 millones de pesos que se triangularon a través de contratos simulados, estaban destinados al rubro de educación, esto implica una afectación a la Federación, invocando la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Educación.

Es muy importante que sepan que la Auditoría Superior de la Federación emitió el 10 de noviembre de 2107, un dictamen en el cual se pronuncia respecto de que estos contratos simulados, están en el ámbito local. Documento del cual tuvo conocimiento el Juez Gerardo Moreno García.

Además, quiero destacar, que otros jueces de distrito del mismo Poder Judicial de la Federación, han ratificado en cuatro distintos juicios de amparo promovidos por la propia defensa, que los hechos imputados por la Fiscalía General del Estado a Alejandro Gutiérrez y a Antonio Tarín, constituyen el delito de peculado del fuero común, y por lo tanto, de exclusiva competencia de las autoridades locales.

El Juez Moreno García, decide entre otras cosas, llevar a cabo la audiencia sin la representación de uno de los interesados y desestima que no se hubiese corrido traslado al Ministerio Público del Fuero Común, a pesar de haber sido éste quién llevó a cabo la investigación.

Quiero dirigirme particularmente al Pueblo de Chihuahua, para que no se dejen engatusar por la campaña de desinformación que desde el gobierno federal se sigue operando en nuestra contra: esta resolución no es definitiva, porque será un juez local, en este caso el juez de la causa, quien se pronuncie por aceptar o rechazar la competencia que indebidamente se adjudicó el juez federal Moreno García, quien por cierto tiene su sede en la ciudad de México, y no en Chihuahua, donde se ejecutó el delito.

Si el Juez local no admite esta resolución del juez federal, entonces se iniciaría un juicio para dirimir el conflicto por la competencia, que resolvería un tribunal colegiado de circuito, también del Poder Judicial de la Federación.

Confiamos plenamente en la contundencia de los argumentos de los ministerios públicos del Estado de Chihuahua, a quienes vuelvo a felicitar por su trabajo leal y riguroso; y con ello, puedo asegurar que Alejandro Gutiérrez seguirá enfrentando la justicia en Chihuahua y será reparado el daño que él y otros, incluidos el exgobernador César Duarte, causaron al patrimonio del gobierno y del Pueblo de Chihuahua. Que nadie tenga duda: haremos todo lo necesario para que así sea. Muchas gracias.