El Gobierno del Estado de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado, interpondrán los recursos legales,

que correspondan para defender la competencia estatal y combatir la estrategia de impunidad del Gobierno Federal, en los casos de peculado relacionados con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Enrique Antonio Tarín García, anunció el Gobernador Javier Corral Jurado.

En un mensaje dirigido al Pueblo de Chihuahua, el mandatario estatal señaló que la resolución del juez federal, Gerardo Moreno García, en la que pretende quitar la competencia del Estado de Chihuahua, para seguir conociendo los casos del exsecretario general del PRI nacional y del exdirector de Adquisiciones en el Gobierno de César Duarte, es contraria a derecho, está forzada en sus argumentos y carece de fundamentación y motivación.

“Esta resolución del juez es la continuación de una maniobra orquestada por las autoridades federales para desactivar las investigaciones que el Estado de Chihuahua ha emprendido y que han exhibido el modus operandi de la corrupción política y el pacto de impunidad que la protege”, indicó el mandatario, en un video difundido por las distintas plataformas de Gobierno del Estado.

El Gobernador llamó al Pueblo de Chihuahua a que no se deje engatusar por la campaña de desinformación que desde el Gobierno Federal se sigue operando en su contra.

Esta resolución no es definitiva –explicó– porque será un juez local, en este caso el juez de la causa, quien se pronuncie por aceptar o rechazar la competencia que indebidamente se adjudicó el juez federal Moreno García, quien por cierto tiene su sede en la ciudad de México, y no en Chihuahua, donde se ejecutó el delito.

Agregó que si el juez local no admite esta resolución del juez federal, entonces se iniciaría un juicio para dirimir el conflicto por la competencia, que resolvería un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación.

“Confiamos plenamente en la contundencia de los argumentos de los ministerios públicos del Estado de Chihuahua, a quienes vuelvo a felicitar por su trabajo leal y riguroso; y con ello puedo asegurar que Alejandro Gutiérrez seguirá enfrentando la justicia en Chihuahua y será reparado el daño que él y otros, incluidos el exgobernador Duarte, causaron al patrimonio del Pueblo de Chihuahua. Que nadie tenga duda: haremos todo lo necesario para que así sea”, expresó Javier Corral.

El titular del Ejecutivo estatal dijo también que la Procuraduría General de la República (PGR) muestra una inusitada actividad encaminada a arrebatar al Estado de Chihuahua, aquellos asuntos judiciales y en investigación, que han evidenciado la existencia de corrupción sistemática en donde pudieran existir personas ligadas al más alto nivel del Gobierno de la República.

Manifestó su oposición a la pretensión de quitarle el carácter de ofendido del delito al Pueblo de Chihuahua, para darle esa condición a la Federación, que hasta la fecha no ha hecho nada, ni tiene interés por hacerlo, en perseguir y combatir la corrupción en el país, menos con el caso de César Duarte, al que siguen protegiendo.

“Quiero informarles que el Gobierno de Chihuahua posee información fidedigna y privilegiada, de que, desde la Procuraduría General de la República se organizó previamente la estrategia, y en una reunión se instruyó a los ministerios públicos federales, para que se llevara a cabo la audiencia ‘a como diera lugar’ para lograr ‘jalar el asunto’.

Detalló que en esa reunión participaron altos funcionarios, incluido un subprocurador, según personal de la propia dependencia.

Denunció que de esa forma los ministerios públicos federales estuvieron actuando como coadyuvantes en la defensa de Alejandro Gutiérrez y Antonio Tarín, este último, quien comparte la defensa con el prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez.

“El concierto entre los abogados de la defensa y la propia Procuraduría General de la República, es evidente en la sincronía de los escritos y en las etapas procesales”, destacó el Gobernador.

Agregó que de última hora, en el Poder Judicial decidieron hacer un cambio del juez que originalmente debería conocer del asunto, es decir Marco Antonio Fuerte Tapia.

“En su lugar pusieron al juez Gerardo Moreno García, quien casualmente es el mismo que está tramitando el proceso en contra de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, a quien le ha venido descargando de acusaciones”, indicó el titular del Ejecutivo estatal.

Explicó que ahora, el juez Gerardo Moreno García dice que como los 246 millones de pesos que se triangularon a través de contratos simulados estaban destinados al rubro de educación, esto implica una afectación a la Federación, invocando la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Educación.

Sin embargo, dijo que es importante saber que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió el 10 de noviembre de 2107 un dictamen en el cual se pronuncia respecto de que estos contratos simulados, están el ámbito local, documento del cual tuvo conocimiento el juez Moreno García.

Javier Corral destacó además que otros jueces de Distrito, del mismo Poder Judicial de la Federación, han ratificado en cuatro distintos juicios de amparo promovidos por la propia defensa, que los hechos imputados por la FGE a Alejandro Gutiérrez y a Antonio Tarín, constituyen el delito de peculado del fuero común, y por lo tanto de exclusiva competencia de las autoridades locales.

“El juez Moreno García –detalló– decide entre otras cosas llevar a cabo la audiencia sin la representación de uno de los interesados y desestima que no se hubiese corrido traslado al Ministerio Público del Fuero Común, a pesar de haber sido éste, quien llevó a cabo la investigación”.