La Ley de Seguridad Interior debe ser declarada inconstitucional porque el modelo que se escogió fue el peor,

ya que, de la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico para dar certeza a su actuación de colaboración en el combate a la delincuencia organizada, se pasó a uno muy malo de sustitución de las autoridades civiles.

Así lo señaló el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, en entrevistas con medios de comunicación nacionales, en las cuales sostuvo que a diferencia de lo que se ha dicho, “realmente dudo que este sea el modelo legislativo que a las Fuerzas Armadas les convenga, porque les está desnaturalizando la función de la defensa nacional”.

Añadió que el tema de fondo es, qué modelo de colaboración quieren las autoridades civiles con relación a las autoridades militares: uno de colaboración y cooperación en el marco de la ley y de coadyuvancia, siempre a petición de las autoridades civiles, o uno de sustitución de autoridades civiles por militares.

En entrevistas con Sergio Sarmiento y Luis Cárdenas, explicó que se impugnan diversas fracciones y/o artículos completos, porque desnaturaliza la función para la que existen las Fuerzas Armadas, que es para la defensa de la soberanía y de la paz interior. Su actuación es frente a las amenazas de rebelión, de sedición, frente a los trastornos internos que pongan en peligro la soberanía y la estabilidad de la nación, añadió.

Por ello, dijo que una vez que se promulgó la Ley, realizaron un estudio minucioso que derivó en integrar una controversia para solicitar que en lo general sea declarada inconstitucional.

Reiteró que la controversia se presenta porque es un derecho constitucional ante una ley que genera una invasión de facultades y de competencias en perjuicio de estados y municipios, “es una legislación que autoriza al Presidente de la República por sí mismo, sin que medie la solicitud del Ejecutivo o Legislativo estatal, de disponer de las Fuerzas Armadas y decretar una intervención militar en el estado”.

Explicó también que la impugnación es porque obliga a los estados a hacerse cargo de los gastos que implique esta intervención, o sea, que hay una intención de vulnerar la autonomía presupuestaria y financiera de una entidad.

Negó que la controversia se empate con el proceso electoral, ya que la presenta en el tiempo legal y haciendo uso de un cauce institucional. Sin embargo, no descartó que esto se presente o se traslade a una serie de distorsiones informativas: “lo van hacer porque están en ese plan, porque el Gobierno cualquier diferendo lo convierte en acto de campaña”, señaló.

Cuestionado por Luis Cárdenas en torno a posibles represalias, como sucedió al alcalde de Puebla, Juan José Espinoza, a quien el Ejército le retiró la colaboración tras presentar una controversia similar, el Gobernador de Chihuahua confió en que no ocurriera.

“Siempre está ese riesgo, yo espero que no, porque en realidad sería una respuesta muy absurda y por supuesto autoritaria; yo confío en que el Presidente de la República mantenga la decisión de colaboración de Fuerzas Armadas y autoridades civiles bajo el actual esquema de coordinación, porque al final de cuentas, él como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es quien decide si se retiran o no”, señaló.

Finalmente, el Gobernador concedió que la colaboración del Ejército es necesaria en estos momentos, como lo es en caso de desastres naturales y de protección civil, “siempre será necesaria”, enfatizó.

Pero reiteró que el tema de fondo es: qué modelo de colaboración quieren las autoridades civiles con relación a las autoridades militares. Si uno de colaboración y cooperación, en el marco de la ley, de coadyuvancia, siempre a petición de las autoridades civiles, o uno de sustitución de las autoridades y civiles por autoridades militares.