Como en toda nuez, hay que distinguir la cáscara de la almendra. Empecemos por esta última: el pronunciamiento realizado ayer por Javier Corral en la Ciudad de México es la expresión de una vieja contradicción nacional: de un lado un centro que se cree intocable y que sistemáticamente se propone quebrantar toda fuerza que no sea la suya, como lo advirtió ya hace más de un siglo Emilio Rabasa;

y por el otro lado, un gobernante federalista que no admite condicionamientos en la lucha contra la corrupción, a través de un mercadeo que ha sentado sus reales en la discrecionalidad del ejercicio del Presupuesto General de Egresos de la nación. Efectivamente, la esencia de la lucha contra el cáncer de la corrupción no se puede someter a la transacción, cuando de por medio se fortalece -directa o indirectamente- el régimen de corrupción e impunidad que impera en el país y que se encarna centralmente en un PRI que llega a sus últimos días. El tratamiento presidencial a Chihuahua es inadmisible, lo ha sido siempre; y ahora, con motivo del combate a la corrupción se exhibe de manera clara a la vista de los importantes pronunciamientos de la coyuntura. Ha sido Peña Nieto, su aparato burocrático, y especialmente su caterva de procuradores, quienes sostienen en la impunidad a César Horacio Duarte Jáquez, que por más dolores que pueda causarle a José Antonio Meade, continúa siendo un priísta con carnet con el que ejerce una militancia protectora de sus delitos, que Unión Ciudadana denunció a su tiempo y que mantiene en investigación y contienda judicial, con todas las desventajas que una lucha así tiene cuando cimenta en el esfuerzo cívico y sin compromisos partidarios. La denuncia corralista de ayer tiene sustento y razones para cuestionar el condicionamiento hacendario que se pretende trabar contra Chihuahua. La objetividad debe imperar en el examen de este delicado asunto; no hacerlo es caer en la sinrazón, en la facciosidad o en el protagonismo inadmisible. En Chihuahua, con diversas ópticas y perspectivas, hay un enemigo común que podemos identificar como la corrupción y tiene un rostro visible: la impunidad actual del prófugo Duarte Jáquez y la inadmisible protección a Jaime Herrera Corral. Atrás de Duarte están Beatriz Paredes, Beltrones, Gamboa Patrón, la PGR, y la capitanía de este equipo por el presidente Peña Nieto. No es extraño, en estas circunstancias, que desde el gobierno federal y sus redes se pongan en circulación narrativas que pretenden propiciar un trueque político que al consumarse entrañaría traición a la exigencia anticorrupción de la sociedad chihuahuense, que es parte de una gran oleada nacional que se propone barrer con la asfixiante perversión de la vida gubernamental en toda la república. Hasta aquí sólo reseño parte de lo que es lo importante, la almendra de la nuez. Veamos la cáscara. Corral hizo su pronunciamiento desentendiéndose de su carácter de actor institucional que tiene como gobernador de Chihuahua. Más allá de que sus palabras pudieran pronunciarse desde nuestra aldea, buscó un acompañamiento innecesario (personas muy respetables, algunas, por cierto) que le da un carácter equívoco a la interpretación de la lucha anticorrupción por ser evidente que quienes respaldaron con su presencia el evento dan aliento, y en algunos casos buscan candidaturas, dentro del frente electoral que sostiene al queretano Ricardo Anaya. Esto, a todas luces, le resta, e incluso propicia los argumentos de la denostación; muestra un interés tan obvio que no puede pasar de contrabando. Tanto es así que la presencia de la diputada federal Hortensia Aragón revela la falta de escrúpulos, cuando fue ella la que destruyó al PRD en Chihuahua al entregarse en brazos del exgobernador Duarte. En Unión Ciudadana sabemos de la lucha anticorrupción que se bifurca en dos caminos: la apuesta por el derecho en tiempos en los que todo mundo empieza a descreer del mismo, y el reto a las instituciones para que lo aplique. Incluso Corral, cuando inició el proceso extraditorio de Duarte -con la exclusión de la denuncia original de septiembre de 2014- dijo confiar en esas instituciones que encabezan Peña Nieto y su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Es difícil, insistimos, y en el caso de Corral es deber y compromiso, por lo que ha de ser extremadamente cuidadoso en el cumplimiento de una responsabilidad que puede contar con amigos, ciertamente, incluso escogerlos a placer, pero que se ha de canalizar a través del régimen de facultades expresas y limitadas a que está obligado y con el propio entramado de la entidad que gobierna. Esta cáscara, innecesaria, tiñó el suceso de ayer de manera banal, porque pudo evitarse. Chihuahua como estado exige respeto absoluto del gobierno federal. Demanda el enjuiciamiento penal de dos oscuros personajes de la vida local -Duarte y Herrera Corral- y que los funcionarios federales dejen de proteger a sus cómplices regionales. Objetivos comunes inexcusables de una lucha con adversario idéntico que se libra por el gobierno local y por el brazo cívico Unión Ciudadana, por sendas diferentes, porque así lo quiso el primero, pero se reconoce que siendo legítimo el planteamiento no hay razón alguna para regatearle su mérito y dar el respaldo moral que enaltece a todos los que luchan de manera genuina y fortalecen con su accionar la renovación ética de la vida pública.