De nueva cuenta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al hacer un balance de los recursos transferidos al estado de Chihuahua por concepto de Participaciones Federales y Aportaciones durante 2017,

busca desviar la atención sobre el reclamo del Gobierno de Chihuahua ante el incumplimiento en tres de los cuatro convenios suscritos el día 14 de diciembre de 2017, por un monto de $780 millones de pesos.

El incremento en participaciones se explica por una mayor recaudación de impuestos federales, particularmente el asociado al precio de los combustibles, así como a la eficiencia del Estado en el aumento de sus ingresos propios. Por lo que hace a las aportaciones, el incremento se da, debido a variaciones en diversos conceptos del gasto federal, particularmente salud y educación.

Cabe mencionar que las aportaciones son recursos que no son de libre disposición para los gobiernos estatales, sino que tienen un destino específico establecido por el Gobierno Federal.

La verdadera razón de la retención, según lo expresado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en la reunión sostenida en sus oficinas en Palacio Nacional el día 4 de enero de 2017, es la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Chihuahua por el desvío de $245 millones de pesos y por la cual se encuentra detenido y vinculado a proceso el ex Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. En una entrevista radiofónica concedida días después, el Subsecretario de Ingresos ratificó dicha postura.
Ambos funcionarios federales han expresado que la Secretaría necesitaría “conocer el alcance de la investigación” para dar cumplimiento a los convenios firmados.

No está en el centro de este debate la transferencia de los recursos que por ley deben ser entregados a los estados, en este caso al de Chihuahua, con fórmulas y plazos precisos, sino el condicionamiento de recursos extraordinarios a la lucha contra la corrupción que se lleva en Chihuahua.

El reclamo de Chihuahua en torno al caso del ex gobernador está sustentado en el hecho de que existen diez órdenes de aprehensión giradas por diversos jueces del estado, un proceso federal en contra de César Duarte Jáquez, así como una solicitud formal ante la Procuraduría General de la República para que dé curso a la solicitud de extradición para que pueda ser llevado ante la justicia.

El Gobierno de Chihuahua reconoce las diversas manifestaciones de apoyo con las que la sociedad ha expresado su solidaridad con esta exigencia de Justicia para Chihuahua y reitera su compromiso en contra de la corrupción y de la impunidad.

La expresión del pueblo chihuahuense externada el domingo 14 de enero en la capital de la entidad, no puede ni debe ser soslayada por ninguna instancia de gobierno, menos aún por una que es fundamental para el funcionamiento del Estado Mexicano, como es la SCHP.

Una vez más, hacemos un llamado al Gobierno Federal y en particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a no supeditar la entrega oportuna de recursos, ordinarios y extraordinarios, al desenlace de las investigaciones en curso.