Ahora les ha llegado la hora de la deportación, el miedo y la angustia a los migrantes que se habían beneficiado del estatus de protección temporal (Temporal Protected Status), mejor conocido como TPS.

Se les acaba el plazo a 57 mil hondureños y 2 mil 500 nicaragüenses que llegaron como consecuencia de la devastación por el paso del huracán Mitch en 1998 y que recibieron visas humanitarias para paliar la situación y trabajar temporalmente en Estados Unidos. En esta misma situación se encuentran cerca de 50 mil haitianos que accedieron al estatus temporal de protección después del devastador terremoto de Haití de 2010.


Estos casos se pueden calificar como migrantes ambientales, más que económicos, dado que fueron causas naturales las que forzaron su desplazamiento y fueron acogidos por visas humanitarias por parte de Estados Unidos.


También están en la picota 200 mil salvadoreños que obtuvieron ese estatus debido al conflicto interno en el país y que renuevan sistemáticamente su situación, lo que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos.


Para unos y otros la situación es de permanente tensión dado que se suponía que podrían regularizar su situación en algún momento en que se definiera una reforma migratoria, algo que no ha sucedido y no va a suceder. Por lo pronto los nicaragüenses, que no recibieron apoyo de su gobierno solicitando una prórroga, serán los primeros deportados.


Al igual que los dreamers, o jóvenes protegidos por el programa DACA, por haber llegado de pequeños y no ser culpables de delito, los TPS está en la mira de la administración Trump y se empiezan a cumplir los plazos y a ejercer presiones ante el sistema judicial. La situación de los haitianos estaba en suspenso, pero se acaba de definir que tienen un plazo de año y medio para regresar a su país.


Toda esta situación, que involucra a cientos de miles de personas, familias y niños que son ciudadanos estadunidenses, tiene que ver con una política migratoria fracasada por parte de Estados Unidos, que como potencia imperial se ve forzada a atender problemas coyunturales en su patio trasero.


La resistencia de los republicanos a aceptar cualquier tipo de reforma migratoria que suponga un camino a la legalización ha generado una situación insostenible y la prórroga sistemática de permisos temporales porque que no es capaz de solucionarlos como es debido.


Ahora, finalmente ha llegado Donald Trump que se propone llevar a cabo sus promesas electorales. No sólo la deportación de migrantes en situación irregular, sino de aquellos que están legales con estatus de protección.


La Casa Blanca ha presionado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en especial a Elaine Duke, para que se acelere el proceso. Por añadidura, se estima que existen unos 273 mil niños, hijos de hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y haitianos beneficiados por el estatus temporal, muchos de los cuales llevan más de 15 o 20 años viviendo en Estados Unidos.


Y esta es otra de las trampas de la política migratoria, que no impide a los beneficiaros del TPS regresar a sus países de origen, pero no les garantiza el ingreso a la hora que quieran regresar. De este modo nadie regresa y se refuerza el asentamiento y el arraigo en Estados Unidos, al tiempo que se pierden los lazos y relaciones con la comunidad de origen. Todo esto hace más problemático el retorno forzado.


En el caso de México no hay esta situación de estatus temporal protegido, pero la misma política de encarecer los costos y riesgos del cruce fronterizo, rompió con una circularidad centenaria e incrementó de manera notable el volumen de residentes migrantes indocumentados en Estados Unidos.


El último contingente masivo de emigrantes que ha llegado a Estados Unidos es el de los venezolanos, que huyen de la caótica situación que afecta al país y que no tiene visos de solución. Pero la puerta ya está cerrada, no hay ninguna posibilidad de que se abra un programa especial para los venezolanos.


El panorama para el próximo año se ve negro, por la muy probable llegada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Kirstjen Nielsen, que forma parte del núcleo duro de Trump. Se vaticina que no le temblará la mano para aplicar las medidas de cancelación definitiva del programa y de cualquier renovación.


La solución vuelve a ser la de siempre: sumergirse en las sombras, pasar a la irregularidad e incrementar el número de migrantes indocumentados que provienen de las Américas. Los cubanos, venezolanos y beneficiarios del TPS non tienen otra alternativa que convertirse en ilegales en le país que dice ser de la libertad y un modelo de democracia y respeto a los derechos humanos.


Se trata de migrantes que se verán forzados a delinquir, a pasar a la ilegalidad por el propio sistema y la política migratoria que les dio cobijo humanitario y que se les retira por la nueva política migratoria implementada por Trump.

Se inaugura una nueva modalidad de migración forzada al interior de Estados Unidos.