El gobierno mexicano rechazó el informe “Justicia Olvidada” publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en el que destaca la impunidad en las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en México.

A través de un comunicado, el gobierno de México rechazó que exista violación a los derechos humanos.

También se comprometió a investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.

El gobierno mexicano reviró a WOLA, al invitar a Estados Unidos a realizar un análisis en la materia de narcotráfico. Planteó:

“Consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país”.

Indicó que estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.

Ello, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos y así, cerrar cualquier espacio de impunidad, con absoluta transparencia y conforme a los principios que sustentan un sistema democrático de derecho.

“México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado en nuestro país”, reiteró.

Destacó su compromiso con los derechos humanos, y añadió que en atención al derecho internacional de los derechos humanos, así como lo expresado por distintos organismos y mecanismos internacionales, el Estado Mexicano ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles.

Refirió que el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

Por su parte, siguió, para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, la PGR impulsó la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones. Además, destacó la suma de los esfuerzos a través de la sociedad civil, los expertos académicos y los interesados a partir de los la publicación de los resultados de la Consulta Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017.

En esta Consulta y en el Autodiagnóstico presentado en febrero de 2017 por la PGR, subrayó, “se hacen señalamientos específicos con lo que este Informe reporta y ya se han iniciado trabajos al respecto, específicamente en los puntos 1,2, 4 y 5 de la sección de Recomendaciones de WOLA”.

Entre otros puntos, indica el comunicado, la participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a “los enormes retos” que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a México.

Fuente: proceso.com.mx