Ha pasado un mes desde que el sismo magnitud 7.1 sacudió la capital del país y, en la Iglesia del Patrocinio de San José -donde sesionan los vecinos desde que conformaron su asamblea general-

el hombre repasa las fechas establecidas por las administraciones capitalina y delegacional para entregar un dictamen que informe sobre el estado de la unidad habitacional.

Los damnificados aún no saben con certeza el futuro de su vivienda y su patrimonio, y será por lo menos hasta la primera semana de diciembre cuando conozcan el dictamen estructural que determine la condición de los nueve edificios que siguen en pie.

Los habitantes del edificio 1C, que colapsó, desconocen qué va a ocurrir con sus 40 viviendas.

Por lo pronto, la representación vecinal del Multifamiliar se opone a la aplicación de un crédito para pagar la reconstrucción de sus departamentos.
La tensión

Sin un documento oficial, vecinos del Conjunto Habitacional Tlalpan -nombre oficial del Multifamiliar- se las han arreglado para hacer trámites laborales o de servicios.

Patricia Baeza vivía hasta el 19 de septiembre en un departamento del edificio 2B, pagaba 7 mil 500 pesos de renta. Después del sismo, fue recibida con su familia por unos parientes. Pero cuando vio que la emisión del dictamen estructural tardaría aún, buscó un lugar para rentar.

Aunque batalló para conseguir un sitio que no la obligara a firmar un contrato de por lo menos un año, la mujer relata que consiguieron un departamento de 6 mil pesos de renta al mes.

Ahora sólo espera que las autoridades les entreguen el dictamen a los vecinos a principios de diciembre, como acordaron.

"Hemos tenido mucho que ver para que se nos haga el poco caso que hasta ahorita nos han dado, porque de parte del gobierno mucha ayuda no hemos recibido. Los que nos han brindado ayuda son más bien los vecinos de las colonias. Nos han dado lo que el gobierno no nos ha dado".

La madre de familia acudió la semana pasada a hacer guardia en el campamento de su edificio.

Ella no se queda permanentemente, como sí ocurre con aproximadamente 200 personas que habitan los campamentos, donde un mes de estancia ha mermado la convivencia.

En las asambleas vecinales son recurrentes las acusaciones de rapiña y los llamados a no abusar del apoyo de la ciudadanía.Natalia Berry, una empleada de Aduanas de 47 años de edad, dice que, para mitigar las complicaciones de no tener la privacidad que poseía en el departamento que renta en el edificio 2B, se distrae haciendo limpieza en el campamento asentado en las canchas deportivas del Multifamiliar.

Lo que más extraña es darse un baño con toda calma. No como en estos días en que el tiempo límite son 8 minutos en los autobuses colocados a un par de kilómetros de distancia de su tienda de campaña.

El impacto en su vida también implicó que haya dejado de hacer ejercicio. Ya no sale a correr.

"Estamos en un punto en que estamos hartos de estar aquí. Por cualquier cosita estalla la tensión. Ya nada nos parece, porque es difícil convivir con tanta gente. Con diferentes formas de vida. Con diferentes costumbres. La tolerancia ya la hemos practicado al full. Yo, para distraerme, me pongo a limpiar", relata mientras pela una jícama que alguien donó al campamento.

"Ya estoy harta de hablar de lo mismo. No tenemos otro tema de conversación. Pasa el día y te preguntas: '¿y ahora? ¿Va a venir alguien a darnos respuesta? ¿Qué pasó con los peritos? ¿Qué pasó con el dictamen?'".

Sin embargo, la habitante del Multifamiliar desde los 5 años de edad asegura que, pese a las complicaciones, está dispuesta a permanecer en el campamento el tiempo que sea necesario, para apoyar a sus dos hermanos que son dueños de otro departamento, y a sus vecinos en general.

"Esto es una resistencia y, como tal, la vamos a hacer. Aunque yo me vaya a rentar a otro lado, vamos a seguir. Uno de mis hermanos está aquí y el otro por su trabajo viene cuando puede. Mi hermano con el que rento también".

Después de que las autoridades locales les informaron a los damnificados que sería la primera semana de diciembre cuando tendrían el dictamen técnico, algunos ya se hicieron a la idea de pasar entre las carpas y lonas las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Pero la tensión en los albergues no proviene sólo de la convivencia de los damnificados. En el caso de la primaria Fray Eusebio Kino, la poca coordinación entre las distintas autoridades ha generado conflictos.

Por un lado, la escuela ya está incluida por la SEP entre los planteles que deben estar dando clases, pese a que tiene daños en su barda perimetral, un barandal y un poste de la cancha de basquetbol.

La misma escuela, sin embargo, sigue incluida en el listado de albergues oficiales que el Gobierno de la Ciudad actualiza todos los días.

La mayoría de padres de familia presiona para que los alrededor de 300 alumnos vuelvan a clases, pero hasta el jueves pasado ni la delegación Coyoacán ni el gobierno central habían ofrecido una opción real para las 22 personas que habitan el lugar, entre ellas seis adultos mayores y cinco menores.

Gabriela Estela Martínez Motta, integrante de la mesa directiva de padres de familia, dice que le enorgullece que la escuela haya abierto las puertas a los damnificados la noche del 19 de septiembre.

La mujer asegura que al inicio se incorporó a las labores de ayuda, pero después se desilusionó por abusos que observó entre las personas que estaban a cargo y algunos de los que acudieron a ayudar.

Además de que los damnificados no cuidaron las instalaciones.

"Como mamá me dio frustración porque nos ha costado mucho levantar esta escuela", dice la también profesora de inglés en otro centro escolar.

Una de las damnificadas del albergue es Elizabeth Ayala, quien llegó a vivir al Multifamiliar cuando tenía 23 años. Hoy, con 58 años, padece problemas de presión alta.

La mujer llegó al Multifamiliar cuando su hija Soraya, de 36 años, era una bebé. Ahora las dos viven en el albergue junto con los nietos de Elizabeth, de 9 y 6 años de edad.

La abuela no ha vuelto al departamento del edificio 3B, que pudo abandonar con mucho esfuerzo el 19 de septiembre. No ha podido ni ha querido. Explica que sintió que no lograría salir del espacio donde ha pasado más de la mitad de su vida.

Lo dice sentada sobre una cama que le regaló un hombre que no conoce, y que le ha ayudado a mitigar la bronquitis que le cayó después de dormir en el suelo.

La ex empleada del extinto Departamento del Distrito Federal deja de hablar cuando el llanto le viene de forma intermitente.

Habla de la grandeza de dios que, según ella, primero le permitió salir de su edificio y ahora la mantiene con vida, después de haber sido internada durante una semana por una crisis desatada por la presión arterial.

No cargó ni siquiera sus llaves.

"No me quiero ir lejos de mi casa. No tengo a dónde irme. Y así estamos todos los que estamos aquí. Unos se fueron con su familia o les dieron chance en otro lado. Todos los que estamos aquí es porque no tenemos a donde irnos".

Soraya, la hija de Elizabeth, afirma que no se siente segura de vivir más en su departamento. Lo describe como hundido y chueco.

La madre de familia señala que, al no tener ningún dictamen oficial, no pudo justificar los días de ausencia en su empleo. Sólo se guió por la confianza alimentada por el tiempo que lleva trabajando en ese despacho.

"En mi trabajo me dijeron: 'Sí, te creemos. No hay ningún inconveniente'. Pero sí me preguntaron si tenía algún documento que avale lo que les decía. Sería muy vil jugar con algo así".

Ella les sugirió que cotejaran la dirección de los documentos que proporcionó cuando llegó a trabajar ahí.

Soraya admite que tienen que salir de la escuela para que ésta pueda operar. Pero pide un lugar adecuado para su madre y sus hijos.

"Sabíamos que no podíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Es evidente. Pero en ese momento debemos tener algo más sólido. Es una locura irnos a un parque".

La delegación Coyoacán planea mudar a estos damnificados al Centro Comunitario Francisco I. Madero, ubicado a unos metros. Pero primero tendrían que acondicionarlo.
La asamblea

El Multifamiliar tiene una administración vecinal cuya sede estaba ubicada en el edificio 1C, que colapsó. De forma paralela, al siguiente día del sismo, se dio el nacimiento de una representación vecinal conformada por dos integrantes de cada uno de los 10 edificios y una coordinación adicional de cuatro vecinos, para enfrentar la emergencia.

Lo que detonó la nueva organización fueron los actos de rapiña que los vecinos detectaron en una escuela de educación especial y dos departamentos del edifico 3C. Entre los voluntarios que participaron en labores de rescate había unas 5 mil personas y el acordonamiento realizado por gente ajena a la unidad alejaba cada vez más a los vecinos de sus departamentos.

Héctor Toledo, un ingeniero civil de 39 años, explica que él y tres vecinos más del edificio 3C decidieron tomar el control de la zona. Los cuatro conforman la coordinación de la asamblea vecinal.

La primera interacción con una autoridad ocurrió tres días después del sismo, con Protección Civil.

Fueron ocho días de asambleas diarias. Primero en los parques aledaños y, con las lluvias, se trasladaron a la parroquia. Ahí discutieron lo referente a los albergues, los acopios, la administración de la herramienta y las solicitudes a las autoridades gubernamentales.

Toledo considera que la organización vecinal les ha permitido orientar el actuar de las autoridades.

"Necesitábamos unidad y organización. Se logró. Falta mucho que avanzar en ese sentido. Falta disciplina todavía, un poco de más orden en muchos temas. Pero ha habido un buen avance. Hemos ido tras ellos prácticamente. Hemos ido correteándolos", dice.
La burocracia

Los vecinos se enfrentaron primero a la descoordinación gubernamental.

En la zona, había presencia de personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Coyoacán. Con ellos establecieron el diálogo que no fue siempre con los mismos funcionarios.

Conforme avanzaron los rescates de heridos y de los cuerpos de las nueve personas que fallecieron, las demandas para obtener un dictamen estructural de los edificios se intensificaron.

La petición de los dictámenes estructurales se agudizó los días posteriores al sismo.

El 26 de septiembre, los vecinos solicitaron una comisión de Gobierno que pudiera tomar decisiones sobre el futuro del Multifamiliar.

Las revisiones de los edificios fueron realizadas de forma ocular y el 28 de septiembre, el Instituto de Seguridad de Construcciones presentó un reporte final en el que clasificó el nivel de seguridad en colores: verde, en buenas condiciones para habitar; y amarillo, inmuebles no habitables por lo que sólo se les dejaría pasar a los vecinos por documentos y pertenencias de valor.

Las reuniones de los vecinos sucedieron con representantes de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno y con Protección Civil del gobierno central, además de Protección Civil y Mantenimiento Urbano de Coyoacán.

El mediodía del 28 de septiembre, sin previo aviso -cuando los vecinos llevaban ya 9 noches pernoctando en el parque que está frente a la unidad, en la cancha deportiva y en la escuela primaria-, apareció en el Multifamiliar el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva; acompañado por el jefe delegacional de Coyoacán, Valentín Maldonado.

"Llevamos cinco o seis dictámenes y ninguno se nos ha entregado. ¿Cuál es el compromiso ahora? ¿Cuándo y a qué hora se de se nos va a entregar?", increpó un vecino a Amieva.

"Señores, si no me dejan hablar no nos vamos a entender", respondió el funcionario.

Cuando Valentín Maldonado invitó a los habitantes de tres edificios calificados en verde a ocupar sus departamentos, Ignacio Lora, cuya hija murió en el colapso del edificio 1C, lo enfrentó:

"Pedí la voz y le dije que cómo tenía el atrevimiento de arriesgar a cientos de familias a ingresar a un edificio en el que no hay un estudio con el equipo necesario que garantice el resultado de la calidad en la que se encuentran los edificios. Hablé con la gente. 'Si ustedes quieren hacerle caso, adelante, pero el día que se encuentren en mi caso no creo que les gustaría, ¿verdad?'", relata Lora.

A partir de esa fecha Amieva tomó el control gubernamental del Multifamiliar. Instaló un comedor con 300 raciones, y módulos de Consejería jurídica, Ministerio Público y Procuraduría Social.

Pero no ha resuelto el tema de los dictámenes.

Fue hasta el 13 de octubre, un día después de que los vecinos emitieron un comunicado sobre la inacción de la autoridad, que se estableció una mesa de trabajo con distintos intersecretarial para comenzar los trabajos de revisión más a fondo, y así obtener un dictamen, que según el calendario, estará listo la primera semana de diciembre.
La postura de la asamblea

En la Asamblea Vecinal del jueves pasado, los damnificados decidieron su postura para llevar a la marcha conmemorativa de un mes que hicieron los damnificados del sismo.

Israel Ballesteros Ramírez, habitante del departamento 129 del edificio 3B, puso a votación cuatro puntos aprobados:

El predio del Conjunto Urbano no está en negociación; los vecinos solicitarían que en las pruebas técnicas se contemple el análisis del sistema de suspensión antisísmica conjunta que tiene la Unidad, y la reparación de los edificios no deberá ser con cargo a los damnificados.

"No es que hayamos querido comprar un nuevo departamento, es que los que ya teníamos se vieron afectados por un desastre natural. El gobierno tiene que tener previsto estos desastres naturales y hay fondos para estos desastres naturales", dijo el vecino.

Por último, exigieron que si hace falta más dinero para la reconstrucción de la unidad, el Congreso debe otorgar más recursos presupuestales para ello.

"Para eso estamos pagando impuestos, para este tipo de problemas", dijo Ballesteros.
Futuro incierto

Juan José Arias Rivera llegó al Multifamiliar a los 5 años de edad. Como en una película, escapó del derrumbe de su edificio, el 1C, cuando saltó mientras el inmueble colapsaba, después de haber aventado a su hija de 19 para salvarla.

Ahora vive en la casa de su suegra.

Sentado en un parque cercano a donde se reúnen los habitantes de su edificio todos los días. El hombre de 65 años, jubilado de la Secretaría de Hacienda, explica que todo lo que lleva puesto es donado, excepto los lentes que le prestó su hermana, con una graduación distinta a la suya.

"La gente paga impuestos, lo que el gobierno recauda lo debe distribuir y una de las partidas debe ser para la reconstrucción. Yo quisiera que se reconstruyera de nuevo el edificio con las normas y materiales actualizados y que no tuviera un costo porque los recursos existen. Por qué tienen que cobrar. Imagínese un crédito a mi edad", dice.

Francia Gutiérrez es una de las representantes del edificio 1C. La joven explica que los vecinos de su edificio no se oponen a la remoción de escombros, siempre y cuando sea con un proceso en el que ellos puedan rescatar objetos personales.

Las autoridades, sin embargo, aun no les informan cuándo se realizará. Ni qué esquema de reconstrucción están contemplando.
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