En aras de dar cumplimiento a la armonización con los cuerpos normativos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción,

la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez y el Diputado Jorge Soto Prieto integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua para crear un Órgano Interno de Control en el Congreso.

Esta reforma constituye un importante avance, pues de ser la única entidad federativa cuyo Congreso carecía de órgano interno de control será el primero en el país que lo incorpore en su Ley Orgánica dando cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo que se traducirá en dar cumplimiento a la obligación que tenemos con la sociedad en tanto que nos requiere y exige para que se rindan cuentas claras y trasparentes.

En tribuna la legisladora señaló que los Órganos Internos de Control son uno de los mecanismos anticorrupción dotados de facultades investigadoras, substanciadoras y sancionadoras de faltas administrativas no graves.

El mencionado órgano tendrá funciones para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Ahora bien, el Decreto Constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción establece que los entes públicos tendrán órganos internos de control, de allí que en adelante y subsecuentemente los encontraremos en todos los órdenes de gobierno.

Será un panel de 9 especialistas de la sociedad civil experta en la materia quien realizará la convocatoria y el proceso de selección de perfiles de aspirantes a ocupar el cargo del titular del OIC, así como quien presentará una terna que se someterá al Pleno del Congreso, cuya designación requerirá la votación de las dos terceras partes de las y los diputados presentes.

Dicho cargo tendrá una duración de cuatro años, a fin de que trascienda los años que dure una legislatura y por último dada la naturaleza del cargo se establece que, para ocupar el mismo se requiere contar con un perfil especializado en combate a las prácticas de corrupción, y por ello se exige que cuente con los mismos requisitos establecidos para la persona que funge como titular de la Auditoría Superior del Estado.