El gasto público en seguridad se ha duplicado, al pasar de 130 mil millones de pesos a $264 mil millones, entre 2006 y 2016.

Pero, a pesar del aumento de recursos, los niveles de violencia e inseguridad no han ido a la baja.

Según un estudio del Senado, el crecimiento de la inversión en ese renglón ha sido de tal tamaño, que incluso ha superado el del gasto neto federal y el de la economía mexicana en su conjunto.

"El incremento nos indica que las administraciones federales sí han contado con recursos durante los últimos 10 años para impulsar mejoras en la seguridad y la justicia en México", señala el reporte elaborado por el Instituto Belisario Domínguez.

"Estos incrementos en el gasto contrastan, por así decirlo, con la situación de inseguridad que se ha vivido en México durante estos mismos años".

El informe revela que, en este periodo, las Fuerzas Armadas duplicaron sus gastos en términos reales.

En tanto, el Poder Judicial de la Federación obtuvo un gasto 1.6 veces mayor, frente a un incremento de 3.6 veces en los recursos para la Seguridad Pública, centralizada en la Secretaría de Gobernación.

En el detalle, el análisis muestra que esa inyección de dinero se debió principalmente a recursos ejercidos por la Policía y el Sistema Penitenciario federales.

"El gasto ejercido por la Policía Federal se cuadruplicó en términos reales y el gasto de la unidad de Prevención y Readaptación Social se multiplicó 8.8 veces entre 2006 y 2016", indica.

Refiere que los operativos de la PF en los últimos 10 años tuvieron un costo de 242 mil millones de pesos, mientras que la actividad administrativa ligada a los reclusorios subió 13.6 veces en términos reales.

La investigación indica que, en contraste, instituciones como la PGR y la CNDH han mantenido los mismos niveles de gasto en este periodo.

"Es de llamar la atención el caso de la PGR pues, en teoría, es la principal institución a cargo de la investigación de delitos del fuero federal", sostiene.

Según el Instituto, las asimetrías confirman la percepción de que el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en una estrategia de "combate frontal" y no al mejoramiento de las capacidades de investigación y recopilación de evidencia delictiva.
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