BENÉFICO PARA CHIHUAHUA EL NUEVO SISTEMA ESTATAL ANTI CORRUPCIÓN: ÁLVAREZ MONJE
Por Redacciòn, 20/07/2017 06:02
"Acción Nacional celebra que la mayoría absoluta en el Congreso del Estado haya aprobado la promulgación de la Ley Anti Corrupción que pondrá a Chihuahua a la vanguardia en la lucha contra el abuso del poder y los actos ilegales de los servidores públicos", dijo Fernando Álvarez Monje.
El líder estatal panista apuntó que el Sistema Estatal Anticorrupción dotará de órganos internos de control a las instituciones, con autonomía técnica y de gestión, que permitirá prever y en su caso sancionar cualquier acto de corrupción en el preciso momento que ocurra, lo que eliminar la necesidad de tener que perseguir a los servidores corruptos que violan la ley después de que ya se han fugado del estado y del país.
"Con este sistema innovador en Chihuahua, por los alcances propios de la ley, se robustecerá a la Auditoría Superior del Estado y se le dotará de mayores facultades para conocer, investigar y sustanciar faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos en tiempo real", precisó.
El líder estatal panista apuntó que entre otras garantías que la ley prevé para combatir la corrupción, se incluyó la obligatoriedad que tendrán los servidores públicos de presentar su declaración fiscal, lo que permitirá no solo vigilar el apropiado crecimiento de su riqueza personal, sino también un congruente manejo de su administración financiera respecto a sus ingresos ordinarios como servidor público.
"En el marco de los acuerdos legislativos, los nombramientos del Fiscal General del Estado y el Secretario(a) de la Función Pública se originarán en la propuesta del Ejecutivo Estatal que será votada en el Congreso hasta en dos rondas y la propuesta del Fiscal Especializado Anti Corrupción en tres ronda, después de las cuales si no hay consenso de la mayoría calificada, tendrá la facultad el Ejecutivo para resolver", precisó.
Concluyó al afirmar que la nueva ley armoniza a cabalidad los preceptos incluidos en la Constitución General y satisface los requerimientos sociales en materia de combate a la corrupción.