-El caso Chihuahua sentará un precedente a nivel nacional, al establecer que es un delito retener dinero a los trabajadores para darlo a un partido político.

El desvío de recursos públicos del estado para entregarlos al PRI de Chihuahua, no se pudo haber hecho sin la instrucción y el visto bueno del gobernador César Duarte Jáquez, por lo que debe proceder la solicitud de orden de aprehensión que ha solicitado la Fepade en su contra, afirmó la Secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya.

La causa penal contra la administración Duarte, por retener dinero a trabajadores del Gobierno del Estado para destinarlos a un partido político puede presentar un precedente en todo el país, por ser la primera vez en que se penaliza ese tipo de prácticas, añadió.

El hecho de que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, (Fepade) haya llevado a juicio a siete personas por ese motivo, deja un precedente que le indica al resto de los gobernantes lo que les puede pasar cuando se utiliza a la administración pública para obtener cuotas para un partido político, dijo.

“Nosotros entregamos la denuncia desde diciembre del 2016 y durante el primer semestre se hicieron investigaciones”, comentó la funcionaria.

Esas pesquisas abarcaron pruebas periciales; de sistemas informáticos, de la revisión caligráfica de las firmas de todos los involucrados, “y no hay manera de que no se hayan llevado a cabo sin la instrucción y el visto bueno del gobernador”.

Acerca de la solidez del caso, expuso que la Fepade logró acreditar toda la ruta del dinero, desde el sistema de nómina donde se hacía la retención de manera institucionalizada; de cómo se emitían los cheques y cómo se cambiaban en efectivo para ser entregados al tesorero del partido político.

El ahora exgobernador César Duarte Jáquez es una de las siete personas indiciadas por la Fepade, en el caso de la retención de entre el 5 y el 10 por ciento de los ingresos de servidores públicos para luego entregar ese dinero al PRI, lo cual representa un delito de peculado.

Los indiciados son: el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el ex director General de Egresos del gobierno de Chihuahua, Jesús Olivas Arzate, y el que fuera jefe de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel Mexquic a quienes ya se les ha dictado auto de vinculación a proceso.

En la misma situación está Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas del PRI estatal. Todos estos sí estuvieron en la audiencia celebrada el 23 de junio pasado.

En cambio, el ex mandatario, al igual que Adrián Dozal Dozal ex director de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua, no se presentaron ni el viernes ni el martes pasado, cuando se venció la ampliación del plazo constitucional concedido por el juez de la causa, mientras que Gerardo Villegas, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, ya está recluido en prisión, enfrentando otras causas por desvío de recursos públicos.

En tanto, la actual diputada local y coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Karina Armendáriz, tampoco se ha presentado ante el juzgado.