El 25 de Junio del 2012, el entonces Presidente de México Felipe Calderón, ordenó la publicación de la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Posteriormente, el 30 de Noviembre del mismo año, se pública el reglamento para ejercer la citada ley que establece la obligación para los servidores públicos de “realizar las acciones necesarias para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en riesgo, observando los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia, respeto irrestricto a los derechos humanos, pro persona, consentimiento, exclusividad, corresponsabilidad, no discriminación, perspectiva de género, concertación y consulta, inmediatez, reserva y confidencialidad de la información.” (Art. 2 de la LPPDHP) Siendo esta ley de observancia nacional, a 5 años de su publicación, en un país donde en los últimos 17 años han asesinado a 125 periodistas, hay 20 desaparecidos y 51 atentados a medios de comunicación, en nuestro estado, la semana pasada se llevó a cabo un evento para la firma del “plan de contingencia del mecanismo gubernamental para la protección de los derechos humanos y periodistas.” Un poco tarde para la firma de este protocolo que iniciará las acciones referidas en la ley, el evento fue cuestionado por su pésima organización por parte del órgano de comunicación social del gobierno del estado que pretendió imponer hasta la forma de vestir de los asistentes, y ante una invitación selectiva, sin nada que pudiera despertar el interés por parte del gremio de periodistas de Chihuahua, recelosos ante el tratamiento que desde este espacio gubernamental se les ha dado. El corresponsal de “La Jornada” de Cd. Juárez, Rubén Villalpando escribía respecto al tema: "Que alguien me explique. Ayer Roberto Campa Cifrián y el gobernador Javier Corral Jurado firmaron un convenio en representación de los periodistas del estado de Chihuahua y preguntando, preguntando, resulta que no nos consultaron para este evento, menos nos invitaron y a los y de Juárez tampoco, menos, porque somos como la representación de todos los males del nuevo averno azul. Antes criticábamos al duartismo y éramos buenos, casi, casi, los demócratas del nuevo día, hoy criticamos lo malo del corralismo y somos los demonios del pasado, los centavos, duartistas, el mal en forma de libreta, pero bien que usaron nuestras investigaciones y notas para el golpeteo político en campaña, eso ya se les olvidó.” Una de las mayores critica que ha recibido el gobierno de Javier Corral, es que están haciendo las mismas cosas que la política ha diseñado como método de trabajo, han caído en el sistema que tanto criticaron y se empeñaron en enterrar. Como decía conocida diputada federal, ex dirigente de un partido político; “acuerdo mata estatuto”. Los acuerdos por encima de la ley y hasta se organizan eventos que se llevan a cabo solo para la foto. Buscando información, al parecer hace más de un año, un grupo cerrado de 25 organizaciones defensoras de los derechos humanos y un grupo de 5 periodistas, solicitaron una alerta temprana ante el diagnostico de riesgo que enfrentaban corresponsales de La Jornada y Proceso en el estado; Miroslava Breach y Patricia Mayorca, una de ellas asesinada y la otra exiliada por amenazas. En el camino también quedó asesinado el periodista Adrían Rodríguez y el artero ataque a balazos al domicilio de Gabriel Valencia en Guachochi. Y Mientras se elaboraba el plan de contingencia los defensores indígenas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros también fueron asesinados. Para el gobierno del “nuevo amanecer” que enfrenta hasta la farsa del lema y logotipo, el tema de los asesinatos a periodistas se ha convertido en un tema común, los asesinatos permanecen impunes y tratan de ocultar su incapacidad con eventos como el que comentamos, fuera de tiempos, solo porque viene un funcionario de alto nivel del Gobierno Federal a “moverles el tapete” por acciones que debieron hacer y no lo hicieron y en donde desgraciadamente, hasta las formas son descuidadas. El tratamiento hacia el gremio periodístico debe ser en el marco irrestricto a lo que mandan las leyes en un estado que se jacta de promover la cultura de la legalidad y respeto al estado de derecho, reconociendo los derechos y las obligaciones que tienen y abriendo estos temas sin permitir que se únicamente se manipulen desde espacios de organizaciones cerradas, afines y oficialistas.

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