El temor regresa a los hogares chihuahuenses tras el incremento de las ejecuciones en prácticamente todo el estado.

El terrorífico ruido de la metralla ensordece las calles de Juárez, Chihuahua capital, Parral, Cuauhtémoc y la sierra tarahumara, donde más de 600 muertos acumulados en los casi cinco meses de una nueva administración estatal que ha sido rebasada por el poder de fuego del crimen organizado. Ilusamente los que residimos en este maravilloso estado creímos que el poder del plomo era cosa del pasado reciente, cuando miles de ejecuciones en el vasto territorio norteño nos llevaron a la cúspide de las zonas más violentas del mundo. El recuerdo de aquellas masacres, muchas de ellas masivas, por las noches o descaradamente a plena luz del día, aún permanecen en los recuerdos de quienes vivimos la época de terror entre 2009 y 2013. Quien no se acuerda cuando decenas de miles chihuahuenses se vieron obligados a desplazarse al otro lado de la frontera para no ser víctimas de la inseguridad; del fuego cruzado o de la exigencia a pagar cuotas por sus ingresos o el cobro por derecho de piso a comerciantes y empresarios. Todavía se mantienen en la memoria de los que padecimos el miedo a salir a las calles o a divertirnos, los rondines de las células de las fuerzas del orden y del ejército mexicano transitando a cualquier hora del día para recuperar la confianza de la población. No se sabe a ciencia cierta si la disminución de la violencia y las ejecuciones del 2012 al 2016 haya sido consecuencia del trabajo de inteligencia o de algún pacto entre el crimen organizado y las autoridades. Lo que sí es un hecho es que los cárteles que operan en el estado siguen intactos en sus estructuras porque mantienen el poder de fuego y han regresado con intensidad. Pero lo preocupante para una población que ya muestra fastidio por la constante y permanente confrontación entre partidos que han gobernado Chihuahua que se acusan mutuamente de corruptos e incapaces de brindar seguridad; es el desenfado con el que el mandatario actual encara la situación que ya rasguña la psicosis colectiva. Me parece peligroso culpar solo a las corporaciones policiacas de estar infiltradas por el crimen organizado. Igual de irresponsable me resultan las expresiones del diputado coordinador de la primera minoría en el congreso estatal, que con desparpajo señala que las ejecuciones es entre criminales, como si la población estuviese blindada en automático de las balas y las consecuencias psicológicas que conllevan. En paralelo, se escucha en cafés, en la calle o en el súper, la desilusión de personas que centraron sus esperanzas en el cambio de gobierno y de colores. Apostaron a que el sucesor en el poder ejecutivo sería diferente a su antecesor, al que llevaría a la cárcel por rata; al menos así prometió en campaña. El desencanto se esparce con la misma velocidad que la inseguridad crece en Chihuahua. No tan solo se escucha, sino que también ya se percibe un giro radical en la apuesta para las elecciones del 2018. El sentir generalizado es que unos y otros son exactamente iguales de demagogos y mañosos, salvo que los actuales van a misa. En este contexto de aumento en la inseguridad no faltan los que exigen al gobernador apersonarse en el territorio para encarar la situación, en vez de interponer miles de kilómetros de distancia con el argumento de ir por inversiones. El anterior mandatario también viajó en sus inicios al mismo continente asiático y consiguió jugosos acuerdos para exportar…… su ganado. Que le hace que el gobernador eche mano de las mismas estrategias que su antecesor para conseguir inversiones o acuerdos comerciales. Lo que nos interesa como ciudadanos es que asuma con seriedad y responsabilidad la tarea de brindar seguridad a los chihuahuenses, independientemente que los muertos sean puros “bad hombres”. Para eso existe un orden jurídico en una entidad donde se supone que prevalece la vigencia del Estado de derecho.