Los reclusorios de México son un ejemplo de la sociedad que vive el país plena de corrupción, privilegios, hacinamientos degradantes, con autoridades “inundan de castigos“ a los pobres, traslados arbitrarios, motines, crímenes reportados como “suicidios” y cárceles llenas de VIH sida y Covit 19, por la carencia de medidas sanitarias y personal médico adecuado, en un ámbito de infección a familiares y a la sociedad.

“Las cárceles del país, se han convertido en un coto de poder del crimen organizado y son los lugares más seguros para delinquir, en donde se ejerce la prostitución femenina y masculina, hay peleas de gallos, de perros, venta de alcohol y obviamente de drogas con la protección del Estado a través de custodios y directores”, como lo dijo la perredista y legisladora en varias ocasiones Lorena Villavicencio. En un estudio realizado por el LIc. Antonio Sànchez Galindo de la UNAM , denominado “Situación de la Prisiones a Nivel Nacional” señala que aún en las mejores instalaciones por la sobrepoblación en poco tiempo se convierten en un infierno en donde los presos tiene que dormir, amarrados, parados o en cuclillas, en instituciones en donde lo único por lo que no se cobra es por respirar. El hacinamiento es uno de los factores que ha propiciado la propagación del virus en las cárceles mexicanas, ya que de los centros penitenciarios que existen, 115 registran sobrepoblación. Mientras que el personal médico dijo que no cuentan con los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia y tampoco tienen conocimiento de los protocolos establecidos para su combate. La mayoría de las cárceles en México no cuentan con la capacidad suficiente en cuanto a insumos, equipo médico e infraestructura para enfrentar la pandemia por COVID-19, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Según datos de la CNDH, hasta el 1 de julio, porque no hay ninguno actualizado, en las cárceles del país suman 660 casos confirmados acumulados de COVID, así como 104 fallecimientos y esos no están contabilizados oficialmente. De acuerdo con estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de los poco más de 25 mil internos en cárceles de Ciudad de México hay 876 personas que tienen más de 60 años expuestos al COVID, de los cuales 809 son hombres y 67 son mujeres, además de las embarazadas que están vulnerables. Además, la estadística del Sistema Penitenciario capitalino muestra que existen 185 internos contagiados de VIH – SIDA, lo que los ubica como una población de riesgo debido a las afectaciones a su sistema inmunológico, de los cuales tampoco reciben la atención médica adecuada y contagian a más internos. Los peligros que corren los visitantes de los reclusos enfermos, no son tanto para los internos sino para la población ya que en sus ropas pueden propagar el virus y originar enfermedades diversas coadyuvando a una mayor desintegración familiar. Y ya que hablamos de la desintegración familiar, en el país han dejado de operar 133 centros penitenciarios. Mientras en el año 2000 se tenían 444 prisiones, el año pasado bajaron a 311, de éstas, 17 eran Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y 278 estatales, conocidos como Centros de Reinserción Social (Ceresos), así como 71 cárceles municipales, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados. La desaparición de cárceles como las Islas Marías, en donde “casualmente” se perdieron 16 reos de alta peligrosidad y los otros fueron llevados a los reclusorios de Ramos Arizpe, Coahuila, Guasave y Minatitlán, Veracruz originaron un gravísimo problema familiar. Este fenómeno originó una desintegración familiar en grado sumo, ya que los reos que estaban en las Islas Marías, vivían con sus familias y ahora los separaron, además en ese viejo penal podían andar “libres” y ahora los regresan a unas celdas alejados de esposas e hijos y sin el ingreso que generaban para su manutención, lo cual les ha causado grave depresión y originado violencia en los penales. Se logró saber que de las Islas Marías solo 14 personas fueron liberadas y 584 otras fueron a los estados arriba señalados, a pesar de que la mayoría de ellos, son originarios de la Ciudad de México y el Estado de México. Posteriormente se cerró la cárcel de Topo Chico, bien conocido por los motines y corrupción que en él reinaban En el caso Puente Grande entre 400 y 300 personas fueron canalizadas a otras entidades federativas. Y a lo anterior le añadimos que existen 1 custodio para 20 reclusos, pes eso sólo agrava el caos, los motines y los crímenes en un país en donde se combate la corrupción “en todos lados” menos en los reclusorios.