En un artículo espléndido, que centra en el tema del autoritarismo, podemos leer: “Si se toma en serio la expresión de que habrá un auténtico Estado de derecho, ‘al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie’ se debiera esperar un comportamiento particularmente escrupuloso en lo que respecta a la legalidad de las acciones y proceder del Poder Ejecutivo. No ha sido el caso”.1

En efecto, de acuerdo con un estudio realizado por organismos de la sociedad civil de las acciones más destacadas, emprendidas por el gobierno de López Obrador, al menos 20 han sido ilegales, 7 son de dudosa legalidad y ha impulsado 4 leyes a modo.2 De estas acciones destacan (se citan solo en vía de ejemplo): el memorándum dirigido a sus secretarios de Hacienda, Educación Pública y Gobernación (16 de abril) para dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”; el veto a empresas farmacéuticas, a través de un oficio (20 de marzo) en el que se les impidió competir por contratos del gobierno; el levantamiento del Censo del Bienestar, pues no existe fundamento jurídico alguno para que expromotores del voto —portando gafetes y chalecos con la imagen del nuevo gobierno y de AMLO— realicen una actividad de esta naturaleza; el despido masivo de miles de trabajadores al mismo tiempo que la Secretaría del Bienestar contrató 16 mil 804 “servidores de la nación”; las consultas populares a modo, en particular la de la Termoeléctrica de Huexca, en cuyo caso el gobierno lo llamó “ejercicio participativo”, figura que no tiene sustento legal y que se llevó a cabo sin ningún mecanismo que garantizara la imparcialidad del proceso; entre otras (31) acciones. Lo peligroso del asunto es que la mayoría de esas acciones prefiguran una clara tendencia: concentrar y centralizar el poder público en la persona del titular del Ejecutivo, por un lado; y por otro, un ejercicio discrecional del mismo. La gravedad de estas medidas, su perturbadora trascendencia, quedan de manifiesto si consideramos uno solo de estos casos: el del IMSS. Sobre el particular, es de recordar lo manifestado por su exdirector, Germán Martínez, al momento de renunciar: “es real el riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuantiosos daños patrimoniales, por tomar decisiones al margen de la Ley del Seguro Social o por funcionarios sin atribuciones”; lo cual debe vincularse, necesariamente, con la reciente renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda; en cuyo texto denunció: “Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. […] Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.3 Está probado en el terreno de los hechos: la 4.ªT está ocupada en ver cómo engrosa su lista de futuros electores para fortalecer un gobierno —que no entiende ni de Ley ni de instituciones— en beneficio de un solo hombre/personaje/fantoche: el Presidente de la República. Si todavía existe algún imbécil que no lo vea o, lo que es peor, que no lo entienda, estamos aviados. El hundimiento de MORENA, de la 4.ªT, del Gobierno, del Presidente y, por ende, del País entero, es claro, evidente, imparable. ¿Qué va a hacer Usted, querido lector, amable lectora? Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebook o también en mi blog: https://unareflexionpersonal.wordpress.com/ Luis Villegas Montes. [email protected], [email protected] 1 Artículo de M.ª Amparo Casar y José Antonio Polo titulado: “Sí o sí: Me canso ganso”, publicado el 26 de junio de 2019 por la revista Nexos. Énfasis añadido. 2 Artículo de Rolando Herrera titulado: “Acusa ONG a AMLO de atacar legalidad”, publicado el 26 de junio de 2019 por el periódico Reforma. 3 Artículo de la redacción titulado: “Carlos Urzúa renuncia a Hacienda