Con bombo y platillo, el presidente López Obrador y el gobernador Omar Fayad inauguraron en Hidalgo un “C5i”, instalación que algunos medios han definido como un centro de monitoreo de alta tecnología para perseguir delincuentes, el mismo que hace dos años fue anunciado, también con bombo y platillo, por el entonces secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y por el mismo gobernador Fayad

Se trata, pues, de una obra concebida y financiada por el gobierno federal saliente, que hoy el entrante incorpora a su narrativa pública de lucha contra la inseguridad que, como sabemos, tiene como un componente principal la integración de la Guardia Nacional y diversas medidas policíacas que de ahí se derivan. Para darse una idea del muy publicitado poderío de las nuevas instalaciones, cuyo costo supera los 600 millones de pesos, se nos dice que estará equipado con más de 10 mil cámaras, 20 drones y un “avión táctico”, que vigilarán, tomarán datos de todo tipo y los cruzarán con información de registro civil y registro público de la propiedad, entre otros, las 24 horas del día, a lo largo y ancho de la geografía hidalguense. Se trata, al parecer, de un auténtico Big Brother con seudónimo. El énfasis que se pone en la parte policiaca de la persecución a los delincuentes, aunque se diga que con el C5i estos ahora serán capturados casi como en un videojuego, con oprimir un botón y sin recurrir a la violencia física, algo que no ha resultado cierta en otros C5 similares, intencionalmente hace a un lado los problemas de la pobreza, las verdaderas matrices de la delincuencia, en lo que el estado de Hidalgo es un prototipo mundial y no desaparecerán simplemente con la colocación de cámaras y otros artefactos que, además, tampoco resultan baratos en su adquisición y mantenimiento. En su reciente visita a Hidalgo, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, hizo público un reporte del que se puede obtener una síntesis dramática de la tragedia social y política que sufren los hidalguenses: más de la mitad de la población vive en pobreza (o sea que gana muy poco o no tiene trabajo, carece de servicios de todo tipo y padece enfermedades y hambre), la riqueza per cápita es de las más bajas del país, tres de cada cuatro hidalguenses que laboran lo hacen en la informalidad. No se necesiten miles de cámaras, drones y aviones para darse cuenta de esa terrible realidad, ni tampoco para concluir que, aunque se instale toda esa tecnología y mucha más, la delincuencia seguirá teniendo un terreno perfectamente abonado en el estado de Hidalgo. ¿O será que el gobernador, ya también “tiene otros datos”? Por añadidura, los ciudadanos pacíficos pero inconformes con la realidad que viven en Hidalgo y el pésimo desempeño de su gobernador (al que los hidalguenses le asignan una reprobatoria calificación de 3.7, según encuesta reciente de Revista 32) no pueden esperar nada bueno del uso de esa tecnología en manos de un gobierno abiertamente represor como el encabezado por Omar Fayad, quien se ha mostrado como un hombre al que nada importan los padecimientos cotidianos de la gente pobre a la que engatusó para que votara por él, recurre sin pudor a bloquear manifestaciones, aun a costa de provocar accidentes carreteros letales, encarcela jóvenes que difunden su inconformidad, y no ve más futuro para sus personalísimos intereses que plegarse incondicionalmente al nuevo gobierno federal, si no es que ya pactó la entrega de la gubernatura a sus nuevos aliados. ¿Qué dirán de todo esto los candidatos a presidir el PRI? Y para calificar la actitud reciente del presidente de la República respecto a la correlación entre pobreza y delincuencia, basta recordarle sus propias palabras: “La forma más barata, más humana y más eficaz de acabar con el flagelo de la delincuencia es combatiendo la pobreza, así como garantizar el trabajo y mejores formas de vida a los mexicanos … el asunto de la inseguridad y la violencia no se puede resolver de manera coercitiva … Éste no es un asunto que vayan a resolver los jefes de los soldados, los jefes de los policías…” dijo hace 9 años (nota de La Jornada, 10 de mayo de 2010). Para cualquier observador atento de la realidad nacional salta a la vista que la política que sigue el Presidente no es la que se prometió cuando andaba en campaña ni se encamina a eliminar de fondo las raíces de la desigualdad y la pobreza y, por tanto, disminuir la delincuencia, pues prácticamente todo se reduce, por un lado, al anuncio de acciones policiacas de mayor envergadura (en las que se incluyen nuevos C5 como el que hoy presume don Omar Fayad), encabezadas ahora por la Guardia Nacional, línea de acción que el ahora presidente fustigó con toda razón mientras era candidato, pues durante décadas ha demostrado su ineficacia para detener el baño de sangre que padece el país. Junto con eso, el “combate a la pobreza” se ha reducido casi totalmente a la entrega de pequeños apoyos dinerarios a través de tarjetas, pero sin disminuyendo drásticamente el gasto público en servicios, salud, vivienda y otras carencias que padecen los pobres y marginados y sin una política de incremento salarial que permita a las familias satisfacer sus necesidades básicas. Ahora resulta que un gobierno que se dice “de izquierda”, en las medidas para disminuir la desigualdad y la pobreza se muestra más conservador que la OCDE, quien recientemente le recomendó al gobierno federal una política fiscal progresiva, que brinde más ingresos al erario y le permita resolver las enormes necesidades sociales de los más pobres, y también resulta que no es el gobierno sino algunos empresarios los que hablan de incrementar el salario a 300 pesos en un plazo perentorio. Nada de eso es aceptado en los hechos por el gobierno federal, que continúa con el sobado cuento de que la pobreza se acabará con pequeñas ayudas financiadas con el propio dinero de los contribuyentes y prometiendo la quimera de que con “ahorros” obtenidos mediante el despido de burócratas (la mayoría de ellos muy capacitados y valiosos en su tarea) y mediante el combate a la corrupción se hará acopio de los miles de millones de pesos que se requieren para dotar de agua, luz, vivienda, pavimentos, clínicas, caminos rurales, escuelas, estancias infantiles, etcétera a millones de pobres. Dado que esos tan prometidos ahorros no aparecen, ni aparecerán, por ningún lado traducidos en obras y programas verdaderamente impactantes para la población más pobre; que con esa política asistencialista la pobreza no disminuirá sino crecerá y, por tanto, la delincuencia seguirá su marcha creciente, los millones de mexicanos antorchistas seguiremos demandando que se construyan esas obras, se creen empleos, aumente el salario y se aplique una nueva política fiscal que grave a los más pudientes. Y no dejaremos de esforzarnos en lograrlo, mediante la educación y organización del pueblo, la explicación paciente del engaño al que ahora se le somete, las movilizaciones por una vida mejor y, llegado el momento, mediante las elecciones que sustituyan a los que sus hechos habrán colocado como malos y demagogos gobernantes, burladores de las esperanzas de los mexicanos.